Cada día, 10 desahucios
La PAH incita a que los partidos debatan la ampliación del parque público de viviendas de Barcelona
Las cifras oficiales son elocuentes: Barcelona ha registrado entre el 2015 y el 2017 un total de 12.322 desahucios o intentos de desahucio, más de 4.000 al año. O más de diez al día. Es un goteo constante. Esta mañana hay previstos dos en la misma calle de Ciutat Meridiana, en los números 74 y 112 de la avenida Rasos de Peguera, donde ya se han frenado con anterioridad dos desalojos. En uno de estos hogares viven dos menores de 2 y 9 años; y en el otro, otros dos de 4 y 7. Ciutat Meridiana, la Meri, tiene otro sobrenombre mucho más triste : Villa Desahucio.
Imaginen que la mayoría de los hospitales de Barcelona fueran de grandes empresas privadas. Que las plazas de la sanidad pública fueran escasas y caras. Que muchos pacientes tuvieran que elegir entre pagar las medicinas o la comida. Que incluso así numerosas familias tuvieran que hipotecarse de por vida, con la amenaza de ver interrumpido el tratamiento y amenazada gravemente su salud si dejan de pagar.
¿Se lo imaginan?
Esta es la metáfora que utiliza la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para denunciar la mercantilización de otro derecho tan básico como la salud y también reconocido en la Constitución: el derecho a una vivienda digna. A todo el mundo le escandalizaría que la sanidad fuera sólo un negocio, pero a pocos parece sorprender que la vivienda sí lo sea. La PAH exigió ayer un pacto de ciudad para buscar soluciones al drama de la emergencia habitacional. Este término nació en las asambleas de los activistas antidesalojos y ya forma parte de todos los diccionarios políticos.
La crisis de la vivienda “es el principal problema de la ciudad”, admitió hace unos días Laia Ortiz, la teniente de alcalde de Derechos Sociales. Jordi Martí, concejal del PDECat en la oposición, lo repitió ayer. Y no lo hizo en un lugar cualquiera, sino en la sede de la PAH, donde esta y otras entidades sociales presentaron proquileres. puestas para una moción municipal que obligue a “cumplir la función social de la vivienda que consagran las leyes”. Leyes hoy convertidas en papel mojado.
Aunque el martes era jornada de comisiones en el Ayuntamiento, todos los partidos –BComú, PDECat, ERC, Cs y la CUP– enviaron representantes al acto. Y todos, salvo el grupo del PP, que declinó la invitación y no participó, agradecieron las propuestas y se comprometieron a estudiarlas y debatirlas en el próximo pleno municipal del día 23. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca considera que no hay que crear nuevas leyes, sino aplicar las que ya existen para hacer frente a esta “situación de excepción”.
La mayoría de los desalojos, el 84%, ya no se producen por el impago de la hipoteca, sino de los al- La cuestión se ve agravada por las deficientes políticas de vivienda de la capital catalana, que destina apenas el 1,5% del total al parque público, muy lejos de los porcentajes del 15% o del 20% habituales en otras capitales europeas (mención aparte merece Viena, con un 25%). La reforma de la ley de Arrendamientos Urbanos, que antes permitía contratos de cinco años y ahora de
tres, “ha disparado la especulación”. La capital catalana tiene unas 870.000 viviendas familiares y menos de una cuarta parte están en el mercado de alquiler. Los precios son cada vez más prohibitivos. En los últimos tres años, el precio medio del alquiler ha aumentado un 24% (un 66% en algunos barrios).
Más de 30.000 familias están en lista de espera para optar a una vivienda social. Esta cifra obliga de forma ineludible a aumentar el número de viviendas para hogares vulnerables en Barcelona, aunque como recalcó ayer la representante de Bcomú en la sede de la PAH “este no es un problema exclusivo de la capital catalana”. Cada vez se notan más sus tentáculos, agregó, “en localidades metropolitanas como l’Hospitalet de Llobregat o Santa Coloma de Gramenet”.
Y la amenaza del desahucio, añadió el portavoz del PDECat, “afecta cada vez más también a las clases medias”. Las propuestas para la moción municipal cuentan con el aval de la Federación de Asociaciones de Vecinas y Vecinos de Barcelona, el Observatorio DESC (siglas de Desigualdades Económicas, Sociales y Culturales), el Sindicato de Inquilinos y la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible.
Entre otras medidas, exigen el cumplimiento de la ley 18/2007 del Parlament, que ya prevé que los municipios reserven suelo para “políticas sociales”. Otra propuesta obligaría a los promotores urbanísticos a destinar el equivalente al 30% de la superficie construida a pisos protegidos en otros bloques. París ya aplica medidas parecidas. “Hemos de seguir su ejemplo”, dice Lucía Delgado, una de las portavoces de la PAH.
Alcaldía y oposición coinciden: el drama de la vivienda es el mayor problema que tiene hoy la capital catalana