El Congreso insta al Gobierno a que las autopistas sean de gestión pública
Podemos logra sacar adelante una proposición que censura los planes de Fomento
El futuro de las autopistas de peaje, que el Gobierno quiere definir en el marco de un amplio acuerdo político sobre las infraestructuras, tal y como anunció la semana pasada el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, fue ayer motivo de una encendida discusión en el Congreso que augura serias dificultades para consensuar un modelo. El pleno votó mayoritariamente a favor de una proposición no de ley presentada por el grupo de Unidos PodemosEn Comú Podem-En Marea que defendía que estas vías sean de gestión pública una vez venzan las actuales concesiones, empezando por las que finalizan entre el 2018 y el 2021, así como que las radiales en quiebra, que van a ser asumidas por el Estado este mismo año, no vuelvan a privatizarse. El texto aprobado colisiona con los planes del Ejecutivo, que deja abierta la posibilidad de sacar el primer paquete de nuevo a concurso y apuesta por relicitar el segundo en el presente ejercicio.
La iniciativa parlamentaria, que fue defendida por la diputada Yolanda Díaz, afecta al 70% del total de la red de autopistas de peaje en España, y a la totalidad de las catalanas dependientes del Estado (la AP-2 y la AP-7). La proposición de Podemos fue apoyada por el PSOE, PNV, ERC (que introdujo una enmienda para que de aquí al final de la concesión no se suban las tarifas), PDECat y Compromís. Ciudadanos y el
EL MODELO
El Ejecutivo quiere pactar el futuro de las concesiones que venzan pero no el de las radiales
LA VOTACIÓN
PSOE, PNV, ERC, PDECat y Compromís apoyan la iniciativa; PP y Cs se abstienen
PP, que intentó modificar la redacción, se abstuvieron.
Díaz subrayó que las autopistas afectadas forman parte de planes de infraestructuras marcados por sesgos históricos concretos: el franquismo y el aznarismo, “el plan Franco y el plan Esperanza Aguirre, que es el plan de las autopistas quebradas”, dijo. Las razones aducidas para recobrar la gestión aluden, por una parte, al diseño del modelo de infraestructuras del Estado y al derecho a la movilidad, pero por otra, a la calidad democrática: “El accionariado de las concesionarias de las autopistas está, en un 70%, en manos de las mismas empresas constructoras que son los mismos presuntos corruptores del PP que aparecen en los papeles de Bárcenas: son los Florentino Pérez, los Albertos, Juan Miguel Villar Mir, las Koplowitz…”, enumeró, “así que cuando hablamos del modelo de gestión, hablamos también de corrupción”.
Tanto el PP como Foro Asturias y Ciudadanos defendieron el modelo de colaboración público-privada, si bien Antonio Roldán, del grupo naranja, coincidió en el diagnóstico de Podemos sobre la gestión que PP y PSOE han hecho de estas infraestructuras. De ahí su abstención. El PP intentó hasta el último minuto que fuera admitida por Podemos una enmienda de modificación del texto en la que se pedía al Gobierno que mantuviera la titularidad pública, pero que eliminaba cualquier alusión a que la eventual gestión sea privatizada de nuevo.
Tanto el diputado del PDECat Ferran Bel como la parlamentaria de ERC Teresa Jordà propusieron sendas enmiendas, a la vez que anunciaban su apoyo, en cualquier caso, a la iniciativa. La del PDECat, que aludía a las viñetas, no fue aceptada por los morados, pero sí la de los republicanos, que establece la congelación de tarifas para los años restantes de concesión. El diputado socialista César Joaquín Ramos criticó duramente la gestión de infraestructuras de los gobiernos de José María Aznar (responsables de las radiales) a los que acusó de gestionar para sus amiguetes, y aunque anunció su apoyo a la moción, criticó a Podemos: “Buscan lo que siempre se ha buscado en política: el aplauso fácil de los suyos”.
Lo aprobado ayer en el Congreso no altera la hoja de ruta del Gobierno. Fuentes de Fomento reiteraron que la asunción de las radiales, que está a punto de hacerse efectiva (véase recuadro de la izquierda) sigue adelante. La operación se está haciendo a través de la empresa pública Seittsa y tiene por objetivo mantener las citadas vías en servicio y devolverlas a la gestión privada este año para reducir su impacto en las cuentas del Estado. En cuanto a las autopistas actualmente en concesión y cuyos contratos expirarán entre 2018 y 2021 (ver información superior), el departamento que dirige De la Serna mantiene su intención de no ampliar los contratos y pactar qué se hará. Podrían mantenerse en manos públicas sin peaje o con pago por uso o bien volver a licitarse para que las vuelva explotar la iniciativa privada con un peaje explícito o con un sistema de pago por disponibilidad, modelo que se aplicará en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras, que prevé emplear 5.000 millones de euros en colaboración público-privada.