La Abogacía del Estado intervendrá en el caso

La Abogacía del Estado va a tomar parte en el proceso por rebelión que se sigue en el Tribunal Supremo (TS). El juez Llarena lo autorizó ayer, a petición del Gobierno. La función esencial de la abogacía es defender los intereses de la Administración, en especial en lo relativo al buen uso de los fondos públicos. Por tanto, su labor en esta causa se centrará en la persecución de los supuestos delitos económicos cometidos en relación con el 1-O. Los últimos informes de la Guardia Civil abonan la idea de que existe, en efecto, un amplio capítulo en este orden de cosas. Señalan, por ejemplo, que la ANC y Òmnium han gastado 1,5 millones de euros presuntamente procedentes de fondos públicos en actividades relacionadas con el referéndum. También se afirma que la Generalitat pagó a la empresa Unipost alrededor de un millón de euros para enviar cartas a los miembros de las mesas electorales y para tarjetas censales, todo ello en vísperas del 1-O. Unipost señaló ayer en un comunicado que “no ha cobrado, ni directa ni indirectamente, ninguna cantidad de la Generalitat” por los mencionados conceptos. Mediapro, a su vez, calificó ayer de “atentado contra la libertad de creación, expresión y pensamiento” el informe de la Guardia Civil que vincula a su presidente, Jaume Roures, con la cúpula del proceso independentista.