Desidia municipal en vivienda social
LA siguiente historia, conocida ayer, refleja la lentitud y el descontrol del Ayuntamiento de Barcelona en la gestión de la política de vivienda. En 2013 el Consistorio, aún bajo el mandato de Xavier Trias, compró un edificio en la calle Sant Ramon número uno, en pleno barrio del Raval, por un millón de euros, para destinarlo a once pisos sociales. Pese a la urgencia que hay en la ciudad de este tipo de viviendas, el edificio no acabó de acondicionarse hasta hace nueve meses. Es decir: las obras se prolongaron durante más de cuatro años, lo que a todas luces es un plazo excesivamente largo y difícil de justificar. Pero, pese a todo, las familias que tienen asignadas las viviendas, que están en lista de espera desde hace mucho tiempo, todavía no han podido entrar en ellas. Por si fuera poco, probablemente no podrán hacerlo hasta el próximo verano, pese a la gran necesidad que tienen, como tantas otras personas en la ciudad, de poder disponer de un techo. La razón de este nuevo retraso es que todavía no hay luz porque el Ayuntamiento no ha realizado las instalaciones necesarias para que haya conexión eléctrica en el bloque. Mientras tanto, además, dichas familias corren el riesgo de que esas viviendas, que están vacías, sean ocupadas ilegalmente por otras personas, cosa que en realidad ya ha sucedido. La Guardia Urbana, en este sentido, tuvo que desalojar ayer dicho bloque de viviendas de los ocupantes ilegales que habían tomado posesión de ellas y se verá obligada a mantener vigilancia permanente para evitar que se vuelva a repetir el episodio. Este hecho, a su vez, refleja lo extendida que está la práctica de la ocupación ilegal de pisos en la ciudad. En este caso han podido ser desocupados con rapidez, cosa que no sucede cuando la vivienda ocupada es de un particular, que debe afrontar un largo calvario judicial para lograr expulsar a quienes han violentado la propiedad privada.
El caso relatado, como hemos dicho, es un ejemplo que, por sí mismo, pone en evidencia la deficiente gestión municipal en materia de viviendas sociales, tanto en los plazos de ejecución de las obras como en la tramitación de la asignación de las mismas. No hacen falta palabras porque los hechos hablan por sí mismos. El problema es más grave porque la lista de espera de familias que aspiran a tener viviendas sociales en la ciudad es larga y la promoción pública de las mismas es lenta y escasa. No sólo hay que exigir más recursos municipales, que los hay, sino mayor eficacia de gestión. Otro problema adicional es el de la ocupación ilegal de viviendas, tanto por personas necesitadas como por mafias. Hacer frente a esta situación exige, además, urgentes cambios legislativos que permitan una actuación rápida y diligente de la justicia y de la policía, y que el Ayuntamiento debería ser el primero en promover.