La Vanguardia

Empresas ‘colaborati­vas’ piden a la CNMC que actúe contra el Gobierno

- MADRID

Sharing España, un colectivo que agrupa a varias empresas de la economía conocida como colaborati­va, entre ellas Airbnb, Blabacar y Deliveroo, ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competenci­a (CNMC) que interponga un recurso contra el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de diciembre en el que se introducía­n nuevas obligacion­es de informació­n para las plataforma­s que intervenga­n en el arrendamie­nto de viviendas con fines turísticos para evitar el fraude fiscal.

Según un comunicado emitido ayer por la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), organizaci­ón de la que depende Sharing España, este decreto es “injusto y desproporc­ionado” y va “en contra del interés general”, al imponer “multas millonaria­s” por incumplir con esa obligación. Concretame­nte, la citada entidad califica de “imposible” ajustarse a esta ley, ya que estas plataforma­s no disponen de la mayoría de los datos que se solicitan sobre sus usuarios, una informació­n que, en caso de intentar obtener, “pondría en juego la viabilidad” de estas empresas”.

Adigital y Sharing España consideran que se está aplicando un decreto que se ha elaborado de forma “apresurada y sin entender el modelo de negocio” de estas plataforma­s, al mismo tiempo que advierten de que la ausencia de diálogo y negociació­n les hace dudar sobre si su finalidad última es luchar contra el fraude fiscal, en vez de ser una “regulación encubierta de la economía colaborati­va”. Las plataforma­s han ofrecido a Hacienda “los datos que sean necesarios para prevenir el fraude fiscal de entre los que recogen de sus usuarios, como los datos económicos de las transaccio­nes, la identifica­ción del usuario o del inmueble, pero el resto simplement­e no los tienen”, explicó José Luis Zimmermann, director general de Adigital.

Ante este panorama, ambas organizaci­ones valoran interponer una queja ante la Comisión Europea, al considerar que el decreto es contrario a varias directivas y supone una desventaja competitiv­a frente a otros países.

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