Las cúpulas de PDECat y ERC comparecen ante el Supremo
oeEl Alto Tribunal no estudia enviar hoy a prisión a Marta Pascal y Marta Rovira oeEl juez podría ordenar la detención de Anna Gabriel si elude la citación
Con las declaraciones de Marta Rovira, secretaria general de ERC, y Marta Pascal, coordinadora general del PDECat, se retoma hoy en el Tribunal Supremo (TS) la última ronda de comparecencias acordadas por el juez del caso 1-O, Pablo Llarena. Este bloque lo inició el pasado miércoles la exdiputada de la CUP Mireia Boya, quien –al contrario que los anteriores comparecientes– negó que la declaración unilateral de independencia (DUI) hubiera tenido carácter simbólico.
La citación de Rovira y Pascal se produce como investigadas y en su condición de dirigentes de fuerzas políticas que, en paralelo a su labor cerca del cesado Govern de la Generalitat, han venido dando apoyo al proyecto independentista en términos de movilización social, junto a la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Es muy poco probable que el magistrado Llarena tome medidas cautelares graves –es decir, que decrete prisión incondicional– en relación con los comparecientes en este bloque de declaraciones.
La ronda la completarán el expresident Artur Mas; la presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) Neus Lloveras –citados ambos para mañana– y la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, que ha sido llamada para cerrar con su declaración esta ronda el próximo miércoles. Sólo la no presentación de Gabriel –que se halla en Suiza, ultimando la preparación de su defensa, y aclarará mañana cuál va a ser su decisión–, supondría que el juez acordara su busca y captura. Y habría que ver si el juez daría o no a esta orden efectos internacionales, porque el Supremo no quiere repetir un pulso como el que se produjo al principio de la causa con el expresident Puigdemont en Bruselas.
La intención de la Sala Penal es, en cambio, que toda entrega pendiente se solicite en el momento del procesamiento, el próximo mes de abril, una vez que se formulen las acusaciones concretas contra todos los encausados. La Fiscalía, en cambio, podría pedir que se solicitara la entrega cuanto antes. Con Suiza hay tratado de extradición, lo que no ha evitado algún roce en el pasado, como cuando España denegó la entrega del ingeniero italo-francés Hervé Falciani, que proporcionó a la justicia española numerosos datos relevantes sobre defraudadores fiscales.
En cuanto a las dos dirigentes que declaran hoy, la posición de Marta Rovira es más delicada que la de Marta Pascal, a tenor de los informes de la Guardia Civil que obran en la causa del Supremo. Dichos atestados atribuyen a Rovira un activismo especialmente destacado en relación con la preparación del 1-O.
En todo caso, el hecho de que ni la Fiscalía ni la acción popular, ejercida por el partido político Vox, hayan tomado iniciativa alguna contra ellas en las últimas se- manas –ni contra el resto de los citados en este bloque– aleja en teoría la perspectiva de medidas cautelares severas, como la prisión preventiva. Los fiscales y la acción popular tomarán sobre la marcha, una vez oídas las declaraciones, la decisión de pedir o no la imposición de cautelares.
Aunque las acusaciones solicitaran las medidas más graves, como la prisión incondicional, es improbable que el magistrado las acuerde, a tenor de cuáles han sido sus anteriores decisiones en esta materia. El hecho, en efecto, es que Llarena sólo mantiene en prisión a cuatro –Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart– de los 28 imputados en este proceso. No obstante, no cabe descartar de forma absoluta que se propongan otras menos severas, como la fijación de una fianza o la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España hacia otros países europeos, donde la presentación de dicho documento no es indispensable.
Lo obvio, en todo caso, es que todos los citados en esta ronda de declaraciones van a seguir imputados después de ser interrogados. Y también es más que probable que, aunque permanezcan en libertad, figuren entre los acusados cuando se dicte el correspondiente auto de procesamiento, y que, por tanto, en su día tengan que sentarse en el banquillo.
El juez Llarena imputó a los seis dirigentes de este bloque mediante un auto dictado el pasado 22 de diciembre, al día siguiente de cerrarse los colegios electorales en los que se votó en las autonómicas del 21-D. El magistrado dio a conocer su resolución en dicha fecha precisamente con la finalidad de no influir en la campaña de los comicios, ya que los nuevos imputados eran destacados líderes de sus respectivas fuerzas políticas.
La resolución de Llarena exponía que “los hechos que se investigan se han podido desarrollar bajo la dirección y coordinación de un conjunto de personas entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del
LAS COMPARECIENTES
Marta Rovira y Marta Pascal abren hoy otro bloque de declaraciones ante el juez Llarena
LAS ACUSACIONES
Ni el fiscal ni la acción popular han pedido hasta ahora cautelares para los nuevos citados
EL PESO DE LOS ATESTADOS
La secretaria general de ERC va a declarar en situación delicada, por su labor en pro del 1-O
LA INCÓGNITA
La CUP anuncia que Gabriel aclarará mañana si piensa acudir al Supremo
disuelto Parlament, así como los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos independentistas y la presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI)”. El antecedente inmediato de esta resolución era otro auto, dictado por el juez el pasado 11 de diciembre, en el que ordenaba a la Guardia Civil la elaboración de un informe sobre los dirigentes que habrían tomado parte en las reuniones del comité estratégico formado para la preparación del 1-O.
El atestado que recibió el magistrado en respuesta a su iniciativa señalaba a los dirigentes citados en esta ronda de declaraciones como integrantes del citado comité y, en definitiva, como quienes “diseñaron, orientaron, dirigieron y controlaron” la implantación del proyecto independentista. De ahí, por tanto, las citaciones de todos ellos como investigados.
En cuanto a la posible incomparecencia de Gabriel, la dirigente emitió ayer un comunicado en el que se quejó de que “la persecución política al independentismo toma nuevas formas y alcanza nuevos espacios”. A la espera de que aclare si comparecerá ante el juez, PP y Ciudadanos instaron a atender el llamamiento judicial. Andrea Levy (PP) dijo que Gabriel “tendrá que rendir cuentas por todas sus responsabilidades” ante el juez “porque no hay escapismos que valgan”. Lorena Roldán (Cs) afirmó que espera que Gabriel “rinda cuentas ante la justicia”, porque de lo contrario “habrá otro prófugo del procés”.
Fuentes de la CUP, a su vez, confirmaron que la exdiputada está en Suiza y ha consultado con un abogado helvético –Olivier Peter– experto en materia de extradición.