El juez del caso 1-O no imputará a Elsa Artadi ni a Jaume Roures
Llarena quiere rechazar la expansión incontrolada de la causa
La Guardia Civil está proporcionando al juez Pablo Llarena mucho material para la instrucción de la causa por el delito de rebelión que se investiga en el Supremo, pero no todo va a tener la misma trascendencia procesal. A estos efectos, en los atestados que llegan al Supremo hay muchos datos, pero de muy distinta relevancia. Los recogidos, por ejemplo, con respecto a la diputada de JxCat Elsa Artadi, persona de toda confianza del expresident Puigdemont, y los referidos al presidente de Mediapro, Jaume Roures, no van a tener mayor recorrido en este procedimiento judicial, salvo que en el futuro se ampliaran con nuevos hechos hasta ahora desconocidos.
Esta convicción, dominante en el Supremo, se desprende del tenor literal de las resoluciones que viene dictando el magistrado Llarena y del enfoque general que está dando a su labor instructora. El juez, en suma, está intentando que la causa no se le vaya de las manos, en el sentido de incorporar un número creciente e ilimitado de investigados. Ahora son ya 28 –los 14 exmiembros del Govern, seis excomponentes de la Mesa del Parlament, los presidentes de la ANC, Òmnium y la AMI, así como los cinco dirigentes de las fuerzas independentistas que protagonizan las declaraciones iniciadas la semana pasada con Mireia Boya (CUP) y que seguirán hoy con Marta Pascal (PDECat), Marta Rovira (ERC), el expresident Artur Mas y Anna Gabriel (CUP).
Todos ellos tienen en común que, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Guardia Civil y según se expone en sus informes, pertenecieron al núcleo promotor del proceso independentista, ya fuera con acciones ejecutivas –caso del Govern–, de respaldo parlamentario –los exmiembros de la Mesa del Parlament y los portavoces de los respectivos grupos que apoyaban los planes de ruptura–, o los líderes de las entidades cívicas que facilitaron la movilización social. Pero el magistrado se ha negado hasta ahora a toda ampliación de la lista de personas imputadas que pueda considerarse periférica a la acción principal. Y las apreciaciones de los atestados de la Guardia Civil sobre Artadi y Roures tendrían esta consideración, ya que ninguno de los dos perteneció, que se conozca, al núcleo esencial de los planes independentistas.
Puede ocurrir que otra instancia judicial se interese por su supuesta actuación de apoyo a dichos proyectos, pero no el Supremo. En parte, para evitar que el caso 1-O se convierta en una macrocausa de dilatada instrucción. Y en parte también en aplicación del principio jurídico y del arte de navegar enunciado con la frase “que cada palo aguante su vela”.
En este sentido, hay que tener en cuenta que la Fiscalía ya le pidió a Llarena en diciembre pasado que imputara al exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y a Josep Maria Jové, exnúmero dos del exvicepresident Oriol Junqueras, que a la vez es el supuesto redactor del documento EnfoCats, con los planes de desarrollo de la estrategia independentista, un texto hallado en el registro de su domicilio. Y el juez ha denegado la incorporación de Trapero, con la idea de que sea la Audiencia Nacional la que siga con esa rama de la investigación.
En cuanto a Jové, sí puede darse prácticamente por descontado que le incorporará a la causa del 1-O como investigado, porque el documento EnfoCats aparece citado como pieza fundamental en los principales autos del Supremo sobre este proceso. Jové, por otra parte, es ahora diputado del Parlament, con lo que le corresponde el mismo fuero que al resto de los miembros de la Cámara catalana imputados en este caso.
El Supremo no quiere que el caso 1-O se convierta en un macroproceso que dilate la investigación y diluya responsabilidades