Políticas de tópicos
Supongo que es por pereza que se utilizan tanto los tópicos cuando se habla de políticas públicas. Así pues decimos que “Suecia es la cuna de las políticas sociales progresistas” y nos quedamos tanto anchos. Afirmamos que financiar un servicio público con impuestos es siempre más equitativo que hacerlo con cotizaciones y miramos mal a quien se atreva a estar en contra. Hablamos de tasas universitarias y las damos por buenas, pero si mencionamos los copagos ponemos el grito en el cielo. Un gasto que vemos y no nos gusta lo criticamos; si va por deducción fiscal, que ignoramos, callamos. Si se cuestiona el universalismo con objeto de ser más selectivo en prestaciones, ya se le acusa de enterrador del Estado del bienestar. Proclamamos la equidad de acceso y damos por hecha la igualdad de resultados, en un claro prejuicio supremacista.
Uno de estos mantras muy utilizado en todo tiempo y lugar es que la redistribución en España la hacen los impuestos y que la progresividad la da el IRPF. Lo comento aquí porque en los debates sobre la financiación autonómica he reiterado que la única responsabilidad fiscal de verdad para una comunidad autónoma la da el IRPF y se me ha cortado con aquel tópico. Es diáfano que sólo la cuota del IRPF traduce hoy responsabilidad fiscal, siendo los ingresos recibidos del resto de los impuestos participados poco menos que transferencias disfrazadas. Más todavía, argumento que el IRPF es central para financiar el gasto social de las comunidades autónomas (la del bienestar), que el impuesto de sociedades no se tendría que tocar (ni para las forales) para poder convertirse en el futuro gran impuesto propio europeo y que el IVA, ni si quiera el colegial que se ha propuesto, tendría que marcar diferencias en territorios que comercian sin frontera. De manera que si queremos aumentar la corresponsabilidad fiscal de verdad a nuestras comunidad autónoma no toca otra que asignarles más impuesto sobre la renta. Pero es entonces cuando responden con el mantra: el IRPF como gran instrumento de redistribución de la renta del que el Estado no puede renunciar, intocable por lo tanto para una política redistributiva. ¡Como si preservando la estructura de la progresividad entre todos en el Congreso de Diputados no fuera suficiente!
Pero los mantras se combaten con análisis. Como lo que recoge el último número de Papeles de Economía Española en que S. Calonge nos recuerda, con datos, que la mayor parte de la redistribución (en torno al 77%) proviene en España de las prestaciones sociales, y que el IRPF y patrimonio juntos tan sólo llegan al 17%. De su impacto redistributivo, el 80% procede del 10% de declarantes más ricos, a pesar de representen estos tan sólo un 25% de la renta. En fin. Hacen falta unas políticas públicas más basadas en la evidencia. Por cierto, atentos a que para este grupo de renta mencionado, la concentración de lo que se le exige fiscalmente tiene que suponer un fuerte incentivo a la elusión o al fraude que no tendríamos que ignorar.
Si queremos aumentar la corresponsabilidad fiscal, se ha de asignar más IRPF