El dilema de revelar conversaciones de políticos violando su intimidad.
¿Vale la pena saber qué piensa y cómo es en realidad un político, si para ello se viola su derecho a la privacidad?
¿Qué vale la intimidad de un político? ¿Y su descrédito? Lluís Salvadó debe de tener alguna respuesta a esas preguntas. El exsecretario de Hacienda de la Generalitat, diputado y dirigente de ERC está en la cuerda floja desde hace diez días tras divulgarse una conversación telefónica privada con un alcalde de su partido, en el que hablan distendidamente, en un tono misógino y xenófobo, sobre los problemas para elegir a una mujer para el Govern. El diálogo se produjo en julio y forma parte –aunque no parece aportar nada– del sumario sobre el referéndum del 1-O que instruye el juzgado 13 de Barcelona, que es quien autorizó el pinchazo del teléfono de Salvadó y de su ordenador. La grabación es legal, pero difundirla es un delito. Y, sobre todo, hay un peligro, intangible, relacionado con el sacrificio del derecho a la intimidad, a cambio de un supuesto accesoala cara real de la clase dirigente.
“Hay un deseo inmenso de proyectar luces sobre una determinada política y eso implica desconocer límites, como sacar de contexto unas declaraciones, que se hicieron en un ámbito de privacidad, para desacreditar a una persona”, advierte la profesora de Ética de la Universitat de Barcelona Begoña Román. Y si se trata de un político, peor, porque está bajo sospecha permanente de mentir. “La gente cree que la única manera de saber lo que piensan es en el ámbito privado, sospechan que tienen una doble vida y hay que indagar en su privacidad para buscarles los puntos débiles porque ahí es donde se relajan”, añade.
Román señala que al político se le exige una ejemplaridad y que haya una cierta consonancia entre la vida privada y la pública, pero cerciorarse de esa coherencia no permite ir invadiendo la intimidad de las personas. “No excuso sus afirmaciones –advierte–, pero estamos llegando a un extremo que no habrá privacidad. La gente tendrá miedo a decir lo que piensa, y entonces no habrá identidad personal, seremos todos lo que lo políticamente correcto manda”. Y advierte que, así, a nadie le va a compensar entrar en política.
En paralelo a las consideraciones éticas sobre la difusión de la conversación van las responsabilidades, que será difícil establecer. ¿En qué punto se rompió la cadena de custodia de este material, que debía mantenerse en secreto?
Un cuerpo policial puede intervenir un teléfono en el curso de una investigación si pide y obtiene autorización del juez que instruye la causa. “La grabación íntegra de todas las conversaciones se envía al juzgado de instrucción, para su custodia. Además, la policía hace llegar al juez una transcripción de las partes de la grabación que tienen relación con los hechos que se investigan”, señala el juez de la Audiencia de Barcelona Josep Antoni Rodríguez, miembro de Jutges per la Democràcia. “Los abogados que intervienen en la causa y el fiscal sólo tienen acceso a esos fragmentos seleccionados por la policía. Pueden pedir la grabación íntegra, pero dudo que el letrado de la administración, que es el responsable de la privacidad de las conversaciones, se lo entregue, especialmente la parte que no guarda relación con los hechos”, subraya.
Cuando se hace pública una conversación grabada en el marco de una investigación se incurre en un delito de revelación de secreto, por parte de quien se ha apoderado de la conversación y de quien la difunde, añade el juez.
En este caso concreto de Salvadó, se han cometido “diversas infracciones muy graves”, constata el abogado penalista Marc Molins, socio del despacho Molins Parés. “Nunca debió transcribirse la conversación, ya que era del todo ajena al objeto de la causa; el magistrado debería haberla desglosado –por la misma razón– y nunca debió filtrarse a los medios de comunicación con el ánimo de injuriar, con el que evidentemente se hizo”, detalla.
La intervención de un teléfono, en tanto que limita derechos fundamentales, está regulada en la ley de Enjuiciamiento Criminal y por la jurisprudencia de forma exhaustiva. “Tenemos un criterio que es poco opinable. La ley dice que la grabación debe mantenerse íntegra, no se puede editar ni cortar para que las partes puedan comprobar la bondad de los extractos, pero también dice que se tiene que salvaguardar la intimidad del investigado en todo lo que sea ajeno a la investigación”, señala Molins. Y apunta una reflexión sobre “el control y la fiscalización constante” de las personas que permiten las nuevas tecnologías. “El hallazgo de un dato atractivo, clarificador, no se puede valorar de forma positiva si es resultado de una infracción del derecho a la intimidad”, subraya.
Si se interviene un teléfono se graba todo, pero lo que sea ajeno a la investigación no debe incluirse en el sumario
En la misma línea, Norbert Bilbeny, catedrático de Ética de la Universitat de Barcelona, detecta “una gran hipocresía moral” cuando se juzga a otro. “Cuando nos interesa, hacemos un reproche sobre la moral y la ética de los demás, pero nosotros también somos objeto de reproche. Hay ahí una desorientación y ansiedad, que invita a descalificar los otros y a un cierto supremacismo moral”, subraya Bilbeny.
“Tenemos que ser libres de poder hablar por teléfono, incluso como cargos públicos, con el lenguaje que cada uno considere oportuno, siempre que de ahí no se deriven efectos administrativos o políticos. Es que si no, esto es una persecución moral, hipócrita e inquisitorial de la manera de pensar y de decir de las personas”, advierte.