El voto, la calle y las encuestas
Tras un largo otoño donde el proceso catalán dominó el panorama político y social en todo el país, se superponen ahora nuevos debates públicos sin haberse cerrado los anteriores: la revalorización de las pensiones, la igualdad de la mujer, la prisión permanente revisable, la libertad de expresión… Si emergen con fuerza cuando la economía, especialmente la catalana, da síntomas de fuerte recuperación, es precisamente porque durante años han estado ocultados debido a la crisis.
Los debates tienen su correlato en la calle –por algo somos el país occidental con mayor propensión a manifestarnos según la Encuesta Mundial de Valores– y también en el voto. En las dos últimas legislaturas, uno de cada cuatro electores cambió su voto, y la proporción no parece reducirse. El gran beneficiado ahora es Ciudadanos a costa en buena parte del Partido Popular, pero no sólo. De hecho, la mayoría de los votantes de la formación naranja en el Parlament son exvotantes socialistas. Tampoco el ascenso de Podemos fue a costa exclusivamente del PSOE. Está por ver si la pérdida del poder explicativo del eje izquierda derecha es real, como sucedió en las elecciones al Parlament. Las elecciones a la Junta de Andalucía, presumiblemente en otoño, nos darán pistas al respecto.
El nuevo paradigma electoral no es el mero reemplazo de partidos tradicionales por otros nuevos, sino la sustitución de la estabilidad por la volatilidad y de la concentración por la fragmentación electoral. Una de las consecuencias de tal fragmentación del voto es que aumenta el número de políticos castigados por los entrevistados y que reaccionan criticando la credibilidad de las encuestas. Es un clásico: los que antes despreciaban los sondeos ahora los ensalzan, y viceversa. Gracias a Dios, sindicatos y jubilados han acudido en defensa de la demoscopia al reivindicar que la revalorización de sueldos y pensiones se haga conforme al IPC, es decir, en función de una encuesta. O para ser más preciso, de dos: la Encuesta de Presupuestos Familiares y el sondeo mensual que mide la evolución de precios. Las reivindicaciones de los pensionistas cuentan con el apoyo de tres de cada cuatro entrevistados por GAD3 para La Vanguardia: revalorizar las pensiones un exiguo 0,25% era asumible hasta el 2016 con inflación negativa, no lo es cuando supera el 1%. Tal consenso es más difícil para encontrar soluciones: a pesar de los intentos legales, la edad media de jubilación lleva una década estancada en 64 años, con importes medios un 66% superiores a las bajas por fallecimiento. La solución, en todo caso, no debería venir de los menores de 45 años que han cargado con el 80% de la reducción de la masa salarial en la última década por haber sido los más castigados por el paro. Y no son datos de encuesta: son las cifras oficiales del IRPF.
Está por ver si la pérdida del poder explicativo del eje izquierda derecha es real, como sucedió en las elecciones al Parlament