Grandes dificultades
La complicada aunque necesaria aprobación de los presupuestos generales del Estado; y las sombras que la convulsión política arroja sobre el atractivo turístico de Barcelona.
EL ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está convencido de que antes de junio el Gobierno dispondrá de los apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en el día de hoy para su envío a las Cortes. Desde ahora puede contar ya con el respaldo de Ciudadanos, tras el acuerdo alcanzado este fin de semana con el partido que lidera Albert Rivera, y también confía en recabar los apoyos de la Unión del Pueblo Navarro (UPN), de Foro Asturias, de Coalición Canaria y de Nueva Canarias. Le faltará, sin embargo, asegurar los votos del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que están condicionados a que se retire a Catalunya la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
El país necesita que se recupere la normalidad institucional que supone poder disponer cada año puntualmente de los presupuestos generales del Estado, que en el 2018 llevan ya un considerable retraso. Ello es fundamental para la buena marcha de la economía y de múltiples servicios que afectan a los ciudadanos. Pero esa normalidad administrativa exige, asimismo, que se recupere la normalidad institucional, que, en estos momentos, se halla alterada por el conflicto catalán. Es urgente, por tanto, como hemos reclamado en numerosas ocasiones, que se pueda formar gobierno en Catalunya y que se restaure la autonomía con la retirada del citado artículo 155.
El Gobierno, en cualquier caso, con independencia de la decisión final que tome el PNV, ha decidido iniciar los trámites que deben conducir al debate –y aprobación en su caso– de la ley de Presupuestos. Tras la luz verde de hoy al proyecto de ley, el Consejo de Ministros dará paso a su tramitación parlamentaria, que se prolongará alrededor de tres meses. Es importante que en ese periodo Catalunya recupere su autogobierno y pueda llegar a tiempo de negociar una mayor participación en la tarta presupuestaria que reparte el Gobierno y que hasta ahora, como resultado de la aritmética y de la negociación parlamentaria, ha tenido al País Vasco y a Canarias como autonomías más beneficiadas.
El diseño general de los presupuestos que ha preparado el Gobierno se afronta con la garantía de haber cumplido en el 2017 el déficit público del 3% exigido por Bruselas, según se confirmó ayer, y con un mayor margen de gasto como consecuencia del mantenimiento del crecimiento económico, en un año previo a las citas electorales previstas para el 2019: las municipales, las autonómicas y las europeas. En declaraciones públicas efectuadas ayer, el ministro de Hacienda y el líder de Ciudadanos rivalizaron para atribuirse la responsabilidad del importante giro social que tendrán los presupuestos –el mayor de los últimos diez años–, mientras el Banco de España advirtió sobre la necesidad de que se mantenga el gran logro que ha supuesto mantenerse, por primera vez, en el cumplimiento de la senda del déficit público.
La alternativa a la no aprobación de los presupuestos del Estado, por un eventual veto del PNV, sería la prórroga de estos. Aunque ello sería bueno para el cumplimiento del objetivo previsto de déficit (2,2%), sería muy negativo para la inversión pública, para los colectivos para los que se prevén mejoras sociales, como los funcionarios o los pensionistas, y para el propio PNV.
Aunque los presupuestos de este año tendrán sólo una vigencia de seis meses, de julio a diciembre, es importante que puedan aprobarse para que el país recupere la normalidad económica e institucional.