Archivada la imputación a la edil de Urbanismo por el hotel de Drassanes
La juez de instrucción número 10 de Barcelona archivó la semana pasada la imputación contra la teniente de alcalde de Urbanismo del Consistorio de Barcelona, Janet Sanz, por la denegación de la licencia para construir el hotel Drassanes, según avanzó ayer el diario Ara.
La investigación abierta contra ella se produjo a raíz de la querella penal presentada por los promotores de la cadena Praktik, que acusó a la concejal de retrasar de forma arbitraria la concesión de la licencia del hotel de Drassanes –solicitada en junio del 2015– a pesar de que contaban con el permiso urbanístico para levantar el establecimiento.
A Sanz se le imputó el delito de prevaricación administrativa y declaró ante la juez el pasado 16 de enero asegurando que su actuación estuvo guiada por el consejo de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. La teniente de alcalde decidió paralizar la concesión de la licencia para construir el hotel Drassanes después de que el TSJC suspendiera el plan de usos de Ciutat Vella que aprobó en el 2013 el anterior gobierno municipal de Xavier Trias. Con esa suspensión el plan que pasaba a estar vigente era el del anterior gobierno de Jordi Hereu, rubricado en el 2010. Aquel planeamiento prohibía la construcción de más hoteles en Ciutat Vella. Ante esa situación, Janet Sanz suspendió la concesión de la licencia del hotel Drassanes a la espera de lo que diga en última instancia el Tribunal Supremo sobre el plan de usos de Trias. La juez avala ahora aquella decisión al considerar que “tiene un fundamento jurídico aceptable y puede ser defendible con argumentos jurídicos razonables”.
Así, a la espera de que el grupo promotor decida si presenta recurso en contra de la decisión de la juez, el camino judicial de Janet Sanz queda despejado. Los constructores consideraron que la concejal retrasó la firma de la licencia de forma “arbitraria y caprichosa” guiándose por sus postulados políticos. Janet Sanz fue la principal impulsora del plan especial de alojamientos urbanísticos (Peuat) que establece una limitación en la concesión de nuevas licencias de establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos. Los promotores logaron sortear la moratoria ya que habían conseguido el certificado urbanístico antes de la aprobación del Peuat y por ello reclamaban poder tirar adelante el proyecto.
La querella interpuesta contra Janet Sanz fue un añadido a la multitud de reclamaciones judiciales que impulsaron por la vía administrativa en contra de la paralización del proyecto. Los promotores del Praktik denunciaron que el retraso en la tramitación les provoca unas pérdidas de 450.000 euros al mes. El propio Ayuntamiento reservó una partida de 16 millones de euros por si perdía la batalla judicial contra el grupo hotelero, aunque tal como reveló La Vanguardia un informe encargado por el distrito de Ciutat Vella cifraba la eventual indemnización en 41 millones de euros.