Josep Vilaplana
PRES. CONSELL COL·LEGIS DE METGES
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ha anunciado su defensa de la asistencia sanitaria universal que rige en Catalunya y que será suspendida en cuanto entre en el Constitucional el recurso que ha anunciado el Gobierno.
En el momento en que el Tribunal Constitucional reciba el recurso contra la ley de Universalización de la Asistencia Sanitaria, que se decidió en el último Consejo de Ministros, la norma quedará suspendida. La ley que enmendaba en Catalunya –y de forma semejante en otros territorios– la exclusión de los simpapeles que supuso el real decreto del 2012 del PP dejará de tener efecto inmediato, aunque a los seis meses se podría revisar. “Pero la atención se seguirá prestando”, afirma Josep Maria Argimon, subdirector del Servei Català de la Salut.
“Hay maneras de solucionarlo sin incumplir normas”, asegura. Es este un matiz importante dado que, en aplicación del artículo 155, quien manda en el Catsalut es la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y es su Gobierno quien recurre la constitucionalidad de la norma catalana y promueve su suspensión.
Este diario no ha conseguido que la ministra ni ningún otro miembro de su departamento explicaran cómo se abordará a partir de ese momento el problema de la atención a las personas que perderán su derecho a asistencia primaria y especializada, a medicación, a pruebas diagnósticas, a tratamientos rehabilitadores o intervenciones quirúrgicas en cuanto se presente el recurso en el Constitucional. El real decreto sólo ampara a niños y embarazadas y la atención urgente para los demás.
La decisión del Consejo de Ministros ya ha provocado las primeras reacciones institucionales, la del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya y la de las dos patronales, Consorci de Salut i Social de Catalunya i La Unió, que representan a la gran mayoría de los proveedores de los servicios sanitarios públicos.
“Manifestamos que no se pueden concebir los objetivos de la sanidad pública de promoción de la salud colectiva y de vigilancia y prevención de los problemas de salud sin la integración y atención de los colectivos más vulnerables, que al mismo tiempo son los que tienen un riesgo mayor de enfermar”, declaran los representantes de los médicos en un manifiesto. Los colegios afirman que “nuestro sistema sanitario defiende la accesibilidad universal y la financiación pública de los servicios” y que ese hecho es un “instrumento de cohesión social y de justicia distributiva para paliar desigualdades sociales y sus repercusiones en la salud de las personas”.
Las patronales, por su parte, recalcan que el modelo universal “permite construir una sociedad más inclusiva y con más justicia social”, y por ese motivo se oponen a la limitación de estos derechos.
El real decreto del PP del 2012 modificó esencialmente el acceso al sistema sanitario público. Dejó fuera a quienes no fueran titulares o beneficiarios de la Seguridad Social, lo que afectó especialmente a los extranjeros que se quedaban sin trabajo y, por tanto, sin permiso de residencia.
Ocho comunidades autónomas buscaron a lo largo de estos años el modo de corregir esa exclusión. La ley navarra, por ejemplo, acaba de ser suspendida por el Constitucional, y la de Baleares, por el Tribunal Superior de la comunidad.