La ley de la calle

EL drástico e histórico cambio de opinión que mostró Carles Puigdemont el pasado 26 de octubre cuando pasó de su intención de convocar elecciones a promulgar una simbólica declaración de independencia ha tenido consecuencias muy negativas en la capacidad de maniobra de los líderes catalanes. Puigdemont se vio influido en su decisión por el rechazo que tuvo su iniciativa en las redes sociales y por las protestas que se suscitaron en la calle. Aquella concesión final a los militantes que amenazaban con darse de baja o a los manifestantes que le llamaban traidor en la plaza Sant Jaume deja el terreno abonado para que la política se haga más en la calle que en el Parlament. Los nuevos líderes del independentismo viven apocados con temor a tomar decisiones que sean desautorizadas en la opinión pública. Mientras la maquinaria judicial actúa con desproporcionada contundencia, JxCat y ERC se miran de reojo y mueven sus piezas con calculada ambigüedad, como se evidenció en la sesión parlamentaria de ayer, donde la mayoría soberanista aprobó el derecho del Parlament a poder investir president a Puigdemont, Sànchez o Turull, pero no se atrevió a pasar de ahí. ¿Qué futuro le espera a Catalunya? Nos explican que desde la cárcel de Neumünster el mensaje que Puigdemont quiso trasladar a los suyos fue muy claro: “Defended la República”. Si los partidos independentistas siguen enrocados en este mismo mensaje y no admiten la imposibilidad de aplicar la República por temor a ser vilipendiados en las redes, tenemos un problema aún mayor del imaginado. La política no se puede hacer en la calle con los comités de defensa, ni en las redes con improvisados manifiestos para imponer unas determinadas ideas. Los partidos soberanistas deben tomar decisiones y superar ya tacticismos que no llevan a ningún sitio. De lo contrario, mandará la calle.