Propuestas simbólicas o prácticas
EL Parlament de Catalunya aprobó ayer dos resoluciones impulsadas por el bloque independentista. Mediante una de ellas se solicitaba la libertad de los dirigentes soberanistas encarcelados. Con la otra, el derecho de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez o Jordi Turull a ser investidos presidente de la Generalitat. Tales resoluciones contaron con los votos favorables de JxCat, ERC y la CUP. Y también con el respaldo parcial de los comunes.
Cabe interpretar este hecho como el reflejo de un sentimiento extendido en Catalunya: la justicia española se está comportando con lo que muchos catalanes valoran como un rigor excesivo, entre otros motivos porque creen que la solución al problema institucional en el que estamos sumidos no llegará exclusivamente por la vía de la persecución judicial. Ese sentir no debe interpretarse, cuando se manifiesta más allá de los círculos soberanistas, como una aprobación acrítica de sus políticas rupturistas. Ni de lejos. Es perfectamente posible desaprobar el quebranto de la ley cometido por los soberanistas que vulneraron la Constitución y el Estatut y, a la vez, no sintonizar con el Gobierno español que a veces cree posible resolver la cuestión catalana judicializándola, en detrimento de la acción política.
No nos cabe la menor duda de que España es un Estado de derecho, como lo son otros países de la Unión Europea. Por ello, reiteramos aquí nuestro respeto a las decisiones judiciales. Dicho lo cual, es obvio que la justicia de los distintos países europeos responde en ocasiones de modo diverso a cuestiones similares. En los últimos días hemos asistido en España a un rosario de medidas cautelares, prisiones preventivas sin fianza y detenciones, que han diezmado las primeras filas del independentismo. Ayer, por el contrario, la exconsellera de Ensenyament Clara Ponsatí se personó en una comisaría de Edimburgo para entregarse y fue dejada en libertad, con medidas cautelares. Pese a que sobre ella pesan acusaciones por rebelión y malversación, como pesan, por ejemplo, sobre excompañeros suyos como Rull, Turull, Bassa o Romeva, actualmente en prisión.
Es verdad que las resoluciones aprobadas ayer en el Parlament tienen un alto componente simbólico; tan alto como baja podría ser su trascendencia real. Y es lógico que se reclame la libertad de los compañeros o colegas encarcelados. Pero es muy improbable que ese derecho de Puigdemont, Sànchez o Turull a ser investidos llegue a materializarse. Por ello, puestos a fijarnos en algunos de los contenidos de la sesión de ayer, preferiríamos señalar los que, a diferencia del mencionado en la anterior frase, persiguen el desbloqueo de la coyuntura política. Catalunya celebró elecciones hace más de tres meses y sigue sin Govern. Será difícil que lo forme si los independentistas operan guiados únicamente por el despecho e insisten en la línea de acción que nos ha traído hasta aquí. Por ello son apreciables propuestas como la de los comunes, que hablaron de formar un gobierno de concentración, integrado por independientes. O la de los socialistas, que animaron –sin éxito alguno– a avanzar hacia la reconciliación nacional.
Creemos que la actual situación no se recompondrá si no hay cesiones por parte de los dos bandos enfrentados. Toda iniciativa en pos de ese objetivo nos parece digna del mayor apoyo. Formar Govern y recuperar la autonomía sigue siendo un objetivo prioritario, cuyo logro no debe demorarse más. Cuanto antes se alcance, mejor. Para todos los catalanes, sin distinción.