Derecho y gastronomía
Hace algunas semanas se celebró en Madrid, durante la Feria de Innovación en Hostelería HIP, el I Congreso Europeo de Derecho y Gastronomía, organizado por la Asociación de Amigos de la Real Academia de Gastronomía, el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo y Facyre.
En la inauguración del encuentro, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, destacó la importancia de crear un marco jurídico que, entre otros cometidos, proteja los derechos de autor de chefs y cocineros.
Javier Cremades, presidente de Cremades & Calvo-Sotelo, y yo destacamos la pertinencia de este congreso para dar respuesta a las nuevas realidades de “la cocina de la libertad” (saludable, solidaria, sostenible y satisfactoria).
Mario Sandoval, uno de los cocineros invitados y presidente de Facyre, destacó la importancia de iniciar un proceso de protección a la gastronomía, los autores y la comida española; así como a nuestras costumbres y cultura, que es lo que, dice, se defiende cada día en los restaurantes.
El congreso fue un paso importante para crear el marco jurídico de esta industria como persigue, desde su fundación, la Asociación Europea de Derecho y Gastronomía, cuya finalidad primordial es “promover la seguridad jurídica de la gastronomía y de la actividad que desarrollan los creadores, los empresarios, por el valor cultural y social intrínseco de la comida en la sociedad” y también “fomentar la protección de los derechos incardinados alrededor del sector gastronómico en sus diferentes ramas y sectores”.
La falta de regulación en el sector gastronómico, pese a su importancia económica y cultural, ha llevado a estos profesionales a aliarse con abogados para impulsar una ley Integral de la Gastronomía, cuyo primer paso es la celebración de este congreso, primero de su categoría en el mundo, que se centró, además, en la regulación legal de los stagiers o cocineros en prácticas.
Javier Cremades pidió “crear una especie de lobby para que el legislador español acompañe a la industria gastronómica y a sus líderes, crear un programa estable de estudio del derecho de la gastronomía, que dirigirá el exministro César Antonio Molina, y mantener anualmente este congreso como foco de reflexión”.
Valoro especialmente que el Ministerio de Justicia se haya comprometido a estudiar las conclusiones de este congreso, que también se enviarán a Bruselas.