Saracho, expresidente del Popular, pide no declarar por vía civil
El expresidente del Banco Popular Emilio Saracho ha solicitado al juez de primera instancia número 27 de Barcelona que suspenda su declaración por la vía civil como testigo en el juicio por la demanda de un accionista de la entidad “por ser una prueba totalmente desproporcionada que puede vulnerar su defensa en el caso penal”.
En el escrito ruega que, “de ser imprescindible, pueda testificar por videocoferencia, puesto que el día de la vista, el próximo 22 de mayo, no existen medios de transporte que permitan su desplazamiento desde Madrid”. Y añade que hace la petición “en aras de evitar la asunción de unos gastos que resultan a todas luces innecesarios”.
El abogado Felipe Izquierdo, que representa al accionista particular, apunta a La Vanguardia “que el magistrado ya le ha dicho que tiene que acudir”. Además, Izquierdo tilda de “frívola” la petición al aludir a lo gravoso que puede significar un desplazamiento a Barcelona, cuando por pocos meses de trabajo cobró cuatro millones por prima de fichaje y casi dos millones de sueldo. Además, descarta incompatibilidades, ya que aún no ha sido llamado a declarar a la Audiencia Nacional.
En cualquier caso, las demandas por la vía civil se van multiplicando por distintas ciudades españolas. Precisamente, esta misma semana un juzgado de Oviedo anuló la compra de acciones del Banco Popular dentro de la ampliación de capital llevada a cabo en el 2016, así como tres adquisiciones posteriores. En concreto, la resolución judicial, contra la que cabe recurso, declara que se anule la compra de 5.000 acciones realizada por un minorista entre junio y noviembre del 2016 por importe de 5.455,65 euros, que la entidad deberá restituir al demandante más los intereses. La sentencia señala que existía una “notable diferencia” entre la situación patrimonial y financiera del Popular, que determinó su intervención meses después, y la expresada en el folleto de la oferta pública, “donde se erigía en el banco más rentable del mercado español”. Incide en que esa información “falseada” llevó al demandante a hacerse una representación equivocada de la rentabilidad de su inversión.
Un juzgado de Oviedo anula la compra de acciones del Popular en la ampliación de capital