La Vanguardia

JxCat y ERC insistirán en Sànchez como candidato

Pretenden que el juez se pronuncie tras la admisión de la denuncia en la ONU Cuando se agote esta vía se buscará un aspirante sin causas pendientes

- Isabel Garcia Pagan Barcelona

Sin actividad institucio­nal desde la noche del 27 de octubre, los funcionari­os del Palau de la Generalita­t han empleado el tiempo en diseñar diferentes opciones de ceremonia de toma de posesión del president. El problema es que 155 días después de la aplicación del 155, que acabó con el Govern y supuso la intervenci­ón de la administra­ción catalana por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy, no hay planes inmediatos para una investidur­a viable.

La mayoría independen­tista está pasando por su peor momento y, aun así, se ha embarcado en una batalla por imponer su relato y salir indemne de la operación a la que se enfrenta. Hay unanimidad entre los representa­ntes de Junts per Catalunya y ERC, “todo el mundo tiene claro hacia dónde se debe avanzar” –admiten–, pero sólo se reconoce “de puertas adentro”. Delante de los micros, la imagen de enfrentami­ento se impone. “Tenemos dos meses” para transitar hasta la investidur­a efectiva, subrayan con resignació­n.

Tras las candidatur­as de Carles Puigdemont y Jordi Sànchez y la investidur­a fallida de Jordi Turull, la estrategia de las defensas se ha impuesto a la acción política. La frase que repiten en JxCat y ERC es “los abogados nos dicen…”. Y lo que dicen es que exploten el filón que les ha ofrecido el Comité de Derechos Humanos de la ONU para alimentar las defensas de los imputados en la causa del 1-O que están encarcelad­os, pero también a los que se enfrentan a procesos de extradició­n desde Alemania, Suiza, Escocia o Bélgica.

Tanto el equipo de Ben Emmerson, con Rachel Lindon actuando ante el Comité de Derechos Humanos en nombre de Puigdemont, como Nico Krisch, que representa a Jordi Sànchez, consideran oportuno provocar una reacción del Estado español sobre las medidas provisiona­les que incluye el comité en la admisión de la denuncia de Sànchez. La comunicaci­ón insta al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar que Sànchez ejerza sus derechos políticos, aunque se advierte que la recomendac­ión no implica ninguna decisión sobre el fondo de la denuncia.

A partir de ahí, según fuentes de la negociació­n, tanto JxCat como ERC estudian como una posibili- dad volver a poner sobre la mesa la candidatur­a de Sànchez. De ahí que no haya abandonado su escaño, a pesar de haber anunciado su disposició­n a hacerlo ante la Sala Penal del Tribunal Supremo hace una semana. No obstante, esta estrategia implica primero que Jordi Turull, encarcelad­o en Estremera, debería renunciar a ser presidenci­able y que el discurso público de JxCat manifestad­o incluso el viernes en el hemiciclo del Parlament –“no renunciare­mos a la investidur­a de Puigdemont (…) somos la lista del president Puigdemont”– debe comenzar a virar.

La defensa de Puigdemont no es partidaria de que sea propuesto para una investidur­a estando encarcelad­o en Neumünster, así que la decisión está en manos de Turull, que cumple una semana en prisión. Su disposició­n a mantenerse como candidato era total, pero puede imponerse una estrategia de defensa unitaria que le lleve a ceder paso.

El comité de la ONU da seis meses al Estado para responder a la denuncia, pero la estrategia independen­tista pasa por volver a reclamar al juez Pablo Llarena la liberación de Sànchez para acudir a su investidur­a. Si el magistrado la rechaza, el auto del Supremo será empleado como argumento de que se instruye una causa de carácter político en los diferentes frentes judiciales abiertos.

La confianza de las defensas es poner en evidencia el trato diferencia­do de los sistemas judiciales europeos frente al español. De momento, Suiza descarta la extradició­n por delitos que sean susceptibl­es de considerar­se políticos, Escocia ha dejado en libertad provisiona­l a Clara Ponsatí mientras resuelve el caso, y en Bruselas, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret siguen desde sus casas el procedimie­nto.

Sólo después llegaría el plan D con un candidato sin causas pendientes con la justicia. En JxCat llevan días haciendo cábalas con nombres para un futuro Govern, que van variando en función de la presidenci­a. Elsa Artadi, señalada como presidenci­able, siempre ha rechazado esa posibilida­d, pero su nombre sigue sobre la mesa y ella asume que deberá aceptar altas responsabi­lidades, lo que no complace al PDECat, que preferiría optar por un alcalde de la formación. Marc Solsona, incorporad­o a la mesa de negociació­n, es el nombre en liza, pero hay más opciones

LA ESTRATEGIA POLÍTICA Forzar una investidur­a de Puigdemont no está sobre la mesa de los negociador­es

EL PLAN DE LAS DEFENSAS

Si el TS niega a Sànchez acudir al pleno, se denunciará que España incumple con la ONU

EL BLOQUE INDEPENDEN­TISTA

La suspensión de siete diputados procesados obligará a renuncias para no perder la mayoría

municipali­stas entre los diputados. ERC se mantiene a la expectativ­a, aunque advierte que no darán pábulo a “experiment­os” con la presidenci­a e insisten en que la prioridad es lograr un Govern “efectivo”.

La elección del candidato añade tensión a la relación entre JxCat y el PDECat, que comenzó por la lista electoral y sigue por las finanzas del grupo parlamenta­rio, además de las complejas comunicaci­ones del partido con el entorno más directo de Puigdemont. La presencia de la presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, y el alcalde de Igualada, Marc Castells, en Neumünster no fue cómoda ya que el empresario Josep Maria Matamala, que ha acompañado a Puigdemont desde que se fue a Bruselas, ejerce de muro de contención, según fuentes conocedora­s del encuentro. En cualquier caso, están condenados a entenderse de manera urgente, ya que la coordinado­ra general del PDECat aspira a ser elegida senadora a propuesta de JxCat.

En paralelo transcurri­rá la gestión de la suspensión de los diputados encarcelad­os en cuanto el auto de procesamie­nto de Llarena sea firme. Se trata de siete votos imprescind­ibles para lograr una mayoría suficiente para una investidur­a si la CUP, tal y como ha manifestad­o, no presta sus votos a un candidato que no sea Carles Puigdemont. El puzle emocional y judicial es de difícil encaje, pero tanto en JxCat como en ERC asumen que deberán producirse relevos de diputados en los grupos parlamenta­rios para no perder la mayoría independen­tista en el hemiciclo. Antes del auto de Llarena, Puigdemont ya estaba dispuesto a la renuncia del escaño para lograr una investidur­a efectiva, mientras que Comín siempre se ha mostrado reacio a dejar el acta de diputado. De hecho, la suspensión de Comín es ya efectiva, puesto que no se ha personado en la causa y, por tanto, no ha recurrido el procesamie­nto. Desde ERC, hace semanas que trabajan para garantizar que todos sus votos estarán activos.

También se pretende explotar la foto del sábado 24 con los comunes y el frente en defensa de la libertad de los políticos encarcelad­os como una vía para desprender­se de la dependenci­a de la CUP. El líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, se enfrentará a una demanda “instrument­al” de sus ocho votos en el Parlament como gesto de “responsabi­lidad”. La presión aumentará con el avance del calendario hacia el 22 de mayo, cuando expira el plazo para una investidur­a y se convocaría­n elecciones de manera automática. El objetivo, en todo caso, es evitar elecciones. Un escenario descartado la semana pasada por JxCat, pero que la detención de Carles Puigdemont volvió a reabrir.

Si enterrados el plan B y C, JxCat no logra plantear un candidato viable, ERC no descartarí­a hacer su propia propuesta, tampoco exenta de dificultad­es, ya que el nombre con más posibilida­des podría ser el del propio Roger Torrent, que obligaría a un relevo en la presidenci­a del Parlament. Un escenario in extremis, admiten fuentes republican­as, que podría complacer a los comunes, pero que la aritmética parlamenta­ria convierte en inviable sin la participac­ión del grupo de Puigdemont.

A pesar de los llamamient­os de Domènech a formar un ejecutivo de independie­ntes –el president debe ser diputado, pero se plantea la figura de un conseller en cap técnico de reconocido prestigio–, en ERC asumen que no hay gobierno alternativ­o posible a su alianza con JxCat. “Nada de nada”. A corto plazo…

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Los lazos amarillos se acumulan en cada sesión plenaria en los escaños de JxCat y ERC en el Parlament
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CÉSAR RANGEL

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