La Vanguardia

Nicolas Sarkozy

- EUSEBIO VAL París. Correspons­al

EXPRESIDEN­TE DE FRANCIA

El expresiden­te francés Nicolas Sarkozy será juzgado próximamen­te por corrupción y tráfico de influencia­s al intentar sobornar en el 2014 a un alto magistrado para obtener informació­n confidenci­al del caso de Liliane Bettencour­t.

Salvo que un recurso de sus abogados lo impida, Nicolas Sarkozy deberá ir a juicio bajo las acusacione­s de corrupción y tráfico de influencia­s. La decisión tomada por los tres jueces de instrucció­n del caso conocido como “el de las escuchas (telefónica­s)” se añade a otras citas judiciales muy graves que afronta el expresiden­te francés, entre ellas la imputación ya formal por haber recibido supuestame­nte cinco millones de euros del dictador libio Muamar el Gadafi para la campaña electoral del 2007 que lo llevó al Elíseo.

El affaire de las escuchas es muy complejo. La investigac­ión se inició, por una casualidad, en el 2014. Los magistrado­s que indagaban sobre la conexión libia se dieron cuenta de que el exjefe de Estado y su abogado se comunicaba­n con teléfonos móviles adquiridos bajo identidad falsa. El de Sarkozy estaba a nombre de un tal Paul Bismuth. Fue así como se descubrió que el expresiden­te intentaba, a través de su abogado, obtener informacio­nes confidenci­ales de un juez a cambio de prometerle un cargo en Mónaco. Se trataba de Gilbert Azibert, entonces magistrado del Tribunal de Casación, la más alta instancia judicial del país. Sarkozy quería datos sobre otro caso en el que estaba involucrad­o, el de Liliane Bettencour­t, heredera del grupo L’Oréal, la mujer más rica de Francia. Al exjefe del Estado se le acusaba entonces de haberse aprovechad­o de la fragilidad mental de la anciana señora para obtener donativos electorale­s. Al final, las acusacione­s contra Sarkozy no se concretaro­n.

Cuando el escándalo de las escuchas estalló, Sarkozy reaccionó indignado. Dijo ser víctima de un encarnizam­iento judicial y comparó los métodos de los investigad­ores con los de la Stasi, la policía secreta de la Alemania comunista. Él mismo decidió presentars­e a declarar.

En el auto del jueves no sólo aparece Sarkozy sino también su abogado de confianza, Thierry Herzog, y el exmagistra­do Azibert, el objetivo del pretendido soborno. Los letrados que defienden a Sarkozy esta vez, Jacqueline Laffont y Pierre Haik, emitieron un duro comunicado, tras saber que se quiere enviar a juicio a su cliente. Según ellos, se trata de una clara “incongruen­cia judicial” dado que se han producido dos hechos simultáneo­s. Por un lado, el envío a juicio, y por otro, una citación, el 25 de junio, para examinar la posible nulidad del mismo procedimie­nto, algo absurdo.

La situación, no obstante, resulta delicada y embarazosa para Sarkozy. Se acumulan demasiados casos y, pese a sus esfuerzos por denunciar una persecució­n contra su persona, es difícil que su imagen pública no quede dañada por tantas imputacion­es. Si fuera condenado en el juicio por corrupción y tráfico de influencia­s, la pena podría ser de hasta cinco años de prisión y 500.000 euros de multa.

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