Interior refuerza la presencia de escoltas de la Policía Nacional
Los 18 agentes protegerán a miembros de la judicatura en Catalunya
La unidad central de protección de la Policía Nacional acaba de enviar a Catalunya a 18 escoltas que realizarán labores de protección a miembros de la judicatura que en las últimas semanas han solicitado vigilancia. Ese grupo de policías se sumará a la veintena de escoltas que permanecen en territorio catalán desde la campaña de las elecciones del 21 de diciembre.
Hoy por hoy, ningún líder de los principales partidos políticos constitucionalistas ha solicitado un cambio de escoltas. Todos mantienen las vigilancias, conducciones y contravigilancias con los Mossos d’Esquadra. En los últimos años en Catalunya la única dirigente política que ha solicitado prescindir de la policía catalana fue la que fuera responsable del Partido Popular, Alicia Sánchez Camacho, tras el conocido escándalo del restaurante La Camarga. Aunque también fue sonada la petición del presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, que el 6 de octubre retiró a los Mossos d’Esquadra las funciones de custodia del palacio de Justicia y encargó la vigilancia a la Policía Nacional. El 1 de diciembre, la policía catalana recuperó la custodia de esas dependencias judiciales.
En cuanto a los dirigentes políticos, el miércoles se pudo ver a Inés Arrimadas, Xavier García Albiol y Miquel Iceta llegar al Parlament de Catalunya con sus equipos de escoltas de siempre. Entre las filas de estas formaciones, en las últimas semanas se ha trasladado “preocupación” por el incremento del clima de tensión, con una vuelta a las pintadas en algunas sedes de partidos y amenazas en redes sociales o de forma más directa. Hasta ahora, todas esas peticiones las están gestionando los Mossos d’Esquadra. Desde la comisaría general de información se hace un estudio valorando el nivel de riesgo y a partir de las conclusiones se diseña la protección de la persona o la sede de un partido, dependiendo de cada caso concreto.
Todas estas peticiones de las últimas semanas han provocado un gran movimiento en el área de escoltas de los Mossos d’Esquadra. Tras la aplicación del artículo 155, el cese de todos los miembros del Govern y la retirada de todos los escoltas, muchos de estos policías de protección, unos 180, fueron recolocados en otros servicios de seguridad ciudadana.
Por ejemplo, algunos escoltas participaron el mes pasado en un dispositivo especial de refuerzo de la vigilancia en el metro de Barcelona para prevenir los hurtos. Poco a poco, y a requerimiento de los nuevos servicios, todos los escoltas han ido volviendo a su área, que, por cierto, recientemente ha cambiado a su responsable. El inspector Francesc Cambrubí era hasta el pasado enero el jefe del área de escoltas, que depende de la comisaría general de recursos operativos de los Mossos. Hace unos meses solicitó su paso a la segunda actividad, tras permanecer en esa responsabilidad durante casi toda su trayectoria profesional en los Mossos. Su sustituto es el también inspector Eduard Muñoz, que hasta entonces era el responsable del área de instrucción y custodia, los calabozos de las distintas comisarías del cuerpo.
De la llegada a Catalunya de estos 18 escoltas, información adelantada el jueves por El País, la dirección de los Mossos d’Esquadra tuvo conocimiento precisamente por el diario. En el Ministerio del Interior, su responsable de prensa evitó hacer ninguna valoración sobre el refuerzo del equipo de escoltas de la Policía advirtiendo que no se dan detalles relacionados con los operativos de seguridad.
En ese clima de hostigamiento y amenazas que han denunciado sufrir algunos miembros de la judicatura, el jueves fue detenida y pasó a disposición del juzgado de instrucción número 3 de Reus una mujer con relación a unos tuits amenazantes contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena y su familia.
La detenida, que se acogió a su derecho a no declarar, quedó en libertad provisional. La causa está abierta por un delito de amenazas a instancias del fiscal general de Catalunya.
Los líderes políticos constitucionalistas mantienen a sus equipos de protección de los Mossos