Un nuevo operador de vivienda metropolitano impulsará el alquiler con 4.500 pisos en ocho años
El AMB ya ha constituido la nueva sociedad para frenar el aumento del precio de los alquileres: será de capital mixto y ofrecerá pisos a un precio máximo de 750 euros al mes
El AMB y los ayuntamientos aportarán solares y fincas de titularidad pública y un socio privado invertirá 200 millones de euros en diez años para construir los pisos
Los adjudicatarios con rentas más bajas podrán optar a subvenciones de hasta el 50 % de la mensualidad, que ascenderá como máximo a 750 euros
Un nuevo operador público-privado incidirá en el mercado del alquiler metropolitano con la construcción de un millar de pisos asequibles cada año, a un precio máximo de 750 euros al mes, para frenar la tendencia al alza que sufre la vivienda metropolitana. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha constituido este mes de marzo la sociedad Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) y antes del verano saldrá a concurso la incorporación de un socio privado que aportará el 50 % del capital. “El mercado de la vivienda es metropolitano y las soluciones también deben serlo”, señala Eduard Saurina, coordinador general de vivienda del AMB. “Impulsando una estrategia masiva metropolitana conseguiremos un impacto mucho mayor en el mercado que con pequeñas actuaciones municipales”, contrapone.
El precio del alquiler se ha incrementado un 25 % de media entre 2014 y 2017, lo cual ha dificultado enormemente el acceso a la vivienda a amplios sectores de la población. “Se está dibujando un nuevo segmento de pobreza urbana en núcleos familiares de una o dos personas que tienen trabajo pero han de dedicar más del 40 % de la renta a gastos básicos como el techo y los suministros”, apunta Saurina. “Hasta ahora las administraciones se habían centrado en dar respuesta a los vecinos en situación de emergencia extrema, y lo continuarán haciendo, pero también es necesario influir en el mercado general del alquiler para frenar el aumento de los precios”, añade.
¿CÓMO FUNCIONARÁ?
Una vez constituida la sociedad Habitatge Metròpolis Barcelona, la corporación metropolitana le transferirá las fincas y solares que tenga en propiedad, procedentes del IMPSOL. Los ayuntamientos también podrán aportarlos mediante cesiones de uso a 30-40 años. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona ya ha manifestado su voluntad de contribuir con terrenos equivalentes al 25 % del capital público final. En paralelo, el AMB empezará a redactar los proyectos constructivos para edificar estas parcelas y seleccionará un socio privado que asumirá la inversión de construir las viviendas y su gestión posterior. En otoño ya se podrían iniciar las obras de las promociones. Las cinco primeras, que sumarán 350 pisos, se realizarán en los municipios de Montgat, Sant Adrià de Besòs y Sant Boi de Llobregat. Las primeras entregas de llaves están previstas para finales de 2019.
La previsión del AMB es que el nuevo operador sea capaz de situar en el mercado un millar de viviendas cada año y que, con las aportaciones de los ayuntamientos y otras administraciones, se alcancen unas 4.500 unidades en ocho años. Al tratarse de una empresa mixta —con un 50 % de capital público y un 50 % privado— podrá asumir una inversión a medio y a largo plazo. “El socio privado tendrá que aportar 200 millones de euros a lo largo de diez años y obtendrá un rendimiento relativamente bajo, de entre el 3 % y el 4 %, pero totalmente garantizado por las administraciones”, explica Begoña Antonell, responsable del servicio económico y financiero del AMB. En este sentido, indica, el concurso se orientará hacia un perfil de inversor especializado en operaciones de interés estable y riesgo muy bajo, como por ejemplo los fondos de pensiones extranjeros. “Hemos hecho consultas previas de mercado y parece que habrá bastantes interesados”, concluye.
El AMB seleccionará a los arrendatarios mediante una convocatoria pública y los adjudicatarios podrán optar a subvenciones en el precio del alquiler, de modo que los beneficiarios con rendas más bajas puedan abaratar hasta la mitad la mensualidad máxima de 750 euros. Todos los inquilinos firmarán un doble contrato: el de arrendamiento y uno social. El primero formalizará el alquiler por un período de seis o siete años —el doble que en el mercado libre—, prorrogable sin límite de permanencia. El contrato social establecerá una revisión periódica de los ingresos de la unidad familiar, con la finalidad de favorecer la rotación en los pisos y priorizar los vecinos que tengan más dificultades para acceder a un alquiler convencional.
La nueva HMB también podrá rehabilitar edificios, aportados por entidades públicas o por el propio socio privado, con una permanencia mínima de diez años en la bolsa del operador. La actuación de la nueva sociedad mixta complementará las políticas de vivienda metropolitanas llegando a más capas de la población, sin reducir ni sustituir las líneas de actuación desarrolladas hasta ahora, como las ayudas a la rehabilitación con criterios de eficiencia energética para ciudadanos particulares o las promociones de vivienda a precio tasado del IMPSOL.