Un mercado hiperacelerado
El joven Observatorio Metropolitano de la Vivienda (O-HB) se encargará del seguimiento y la evaluación de la influencia de este nuevo operador mixto en el mercado del alquiler. Esta entidad fue creada en 2017 por el Área Metropolitana de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, con la complicidad de la Asociación de Gestores de Vivienda Social, y su principal objetivo es divulgar y analizar todos los indicadores y los datos actualizados sobre vivienda en la metrópolis.
En su primer informe anual, presentado este mes de febrero, el O-HB alertaba sobre el crecimiento de la tasa de sobrecarga, es decir, el porcentaje de la ciudadanía que se ve forzada a dedicar más del 40 % de sus ingresos a los gastos básicos del hogar. En esta situación se encuentra actualmente el 42 % de la población metropolitana. Además, fruto del estudio de los principales portales inmobiliarios de Barcelona, el Observatorio constató que existe un salto evidente entre los precios más demandados —pisos de entre 600 y 800 euros— y los más ofertados —alrededor de los mil euros—. “El precio medio de las ofertas que duran menos de veinticinco días es de 990 euros al mes, que coincide con el precio medio registrado por el INCASÒL (903 euros)”, señala el informe. En cuanto a la oferta global de alquiler, el precio medio se alza ya hasta los 1.300 euros. Además, el O-HB advierte de que también se ha agravado la precariedad con la pérdida acelerada de los contratos de alquiler indefinidos: si en 1990 representaban el 23 % del total, en 2016 ya solo suponían el 2 %. En los 36 municipios metropolitanos se estima que hay alrededor de un millón de viviendas. Mientras en Europa, de media, un 25 % del parque de viviendas es de alquiler, en Cataluña esta modalidad no llega al 18 %. A esta diferencia de base se suma que la compraventa de pisos se ha recuperado notablemente en los últimos años, hasta un 87 % entre 2013 y 2016 y con un encarecimiento del 43 % de media en pisos de segunda mano, mientras que el número de contratos de alquiler va a la baja (en 2016 se firmaron 106.000, unos nueve mil menos que en 2013). Estas dos tendencias juntas ponen en peligro el acceso universal a la vivienda y abocan amplios sectores de la sociedad a la precariedad crónica.