Arbitraje accidental
Hace una semana me entregué en estas páginas a un ejercicio teórico, de acuerdo con un manual, sobre una eventual negociación del litigio catalán. Me parecía que si las partes estuvieran dispuestas a dialogar sin condiciones no sería imposible llegar a un acuerdo, pero que eso era impensable en las circunstancias actuales.
¿Qué se hace según el manual cuando las posiciones están tan enconadas que la negociación no es viable? Una de las posibilidades es recurrir a la mediación o al arbitraje de un tercero. Lógicamente, es necesario que ambas partes lo acepten. Tras el primero de octubre, el Gobierno catalán lo pidió con insistencia y el Gobierno español se negó.
Pero hete aquí que ahora, por un malabarismo del azar, un aspecto crucial de la causa contra los líderes independentistas quedará en manos de unos jueces de fuera que deberán decidir sobre las euroórdenes cursadas por el Tribunal Supremo español en Bélgica, Escocia, Suiza y, sobre todo, en Alemania, donde está detenido Carles Puigdemont.
Me pregunto qué pensarán los magistrados alemanes cuando lean el auto de procesamiento dictado por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que será el documento básico que deberán examinar. Llarena acusa a Puigdemont de dos delitos: rebelión y malversación de caudales públicos. Ambos tienen equivalentes en la legislación alemana.
El más grave es el de rebelión, que puede ser castigado con treinta años de cárcel. El Código Penal español dice que es reo de rebelión “el que se alzare pública y violentamente” para conseguir la independencia de una parte del territorio nacional. En Alemania hay un delito bastante similar, la alta traición, que también exige la violencia o la amenaza de violencia.
Hasta aquí, pues, la vía para la entrega parece bastante despejada, sobre todo si se tiene en cuenta que la euroorden es un mecanismo de cooperación judicial pensado para facilitar la colaboración entre los jueces de los diferentes estados miembros de la Unión, razón por la que se excluye el elemento de control político que condiciona las extradiciones.
La decisión, sin embargo, dependerá de si los magistrados alemanes están de acuerdo en considerar que Carles Puigdemont actuó violentamente. ¿Qué dice el magistrado Llarena en su auto de procesamiento? Llarena parte de una distinción muy discutible: “Actúa violentamente quien lo hace de manera violenta, lo que no presenta un contenido típico plenamente coincidente con actuar con violencia” (página 57, segundo párrafo). Es decir que, según el magistrado, actuar violentamente no es exactamente lo mismo que actuar con violencia.
A continuación, el auto explica que, según la jurisprudencia del Supremo, la violencia sólo es tal cuando 1) es física, 2) se ejerce sobre las personas y 3) es idónea para los objetivos que se persiguen. El auto reconoce implícitamente que estas condiciones no se dan en el caso de Puigdemont y los otros acusados, pero estima que, sin embargo, los actos del 20 de septiembre ante la Conselleria d’Economia fueron violentos y llega a compararlos a “la toma de rehenes mediante disparos al aire” (es decir, al 23-F).
Además, considera que este carácter violento se proyectó sobre el 1-O, porque los acusados impulsaron a sus seguidores a hacer frente a las fuerzas de seguridad sabiendo que estas fuerzas tenían la orden judicial de impedir la votación y que esto suponía “no ya aceptar el riesgo de una violencia claramente representable, sino directamente impulsar a una masa ciudadana que desborde por la fuerza cualquier intento de contención que pueda provenir del Estado, tal como finalmente sucedió el día de la votación”.
¿Aceptarán los jueces europeos esta argumentación, que equipara lo ocurrido a una insurrección armada? ¿O, a la vista de que no ha habido lo que comúnmente se entiende por violencia, como el propio auto admite a regañadientes, entregarán a los acusados con la condición de que sólo se les juzgue por malversación –caso de que lo consideren pertinente–, lo que supondría una bofetada al Tribunal Supremo y dejaría muy tocada toda la causa?
La respuesta dentro de unas semanas o meses, cuando los magistrados decidan. Aunque no es fácil que desairen al Tribunal Supremo, una insurrección violenta que necesita ser probada siempre será muy dudosa. Los alzamientos en armas suelen ser evidentes. En todo caso, no deja de ser curioso el camino que, a través de la judicialización del litigio, nos ha conducido a este extraño arbitraje. Primero, el Gobierno español dejó el asunto en manos de la justicia española. Y ahora, por una carambola inesperada, la justicia española ha perdido en buena parte el control del caso, que queda en manos de unos magistrados alemanes, belgas, escoceses y suizos que, lo quieran o no, asumirán de hecho el papel de árbitros. Ironías de la construcción europea.
¿Aceptarán los jueces europeos la argumentación que equipara lo ocurrido a una insurrección armada?