El caso ‘Open Arms’
El caso ‘Open Arms’ revela cómo los guardacostas libios actúan al margen de la ley bajo protección italiana
El secuestro preventivo por orden judicial del buque de ayuda humanitaria ha puesto de manifiesto como los guardacostas libios actúan al margen de la ley bajo la protección italiana.
El “secuestro preventivo”, por orden judicial, del barco Open Arms en el puerto siciliano de Pozzalo pone de manifiesto la existencia de una política europea de externalización de fronteras que deriva en el acoso a las oenegés de rescate por parte de las autoridades italianas. Pero además, el caso revela que la Armada italiana lleva a cabo devoluciones en caliente de migrantes a Libia bajo un pretexto que se ha demostrado falso: la existencia de una zona de rescate marítimo libia (o SRR). Así se desprende del auto del juez de instrucción primaria de Catania, Nunzio Sarpietro, que desestimó el cargo de asociación criminal contra el capitán del buque, Marc Reig, y la jefa de misión de Proactiva Open Arms (POA), Anabel Montes, pero mantiene el de favorecer la inmigración ilegal.
La devolución de migrantes y refugiados a Libia es contraria al derecho europeo e internacional ya que en ese país se violan sistemáticamente los derechos humanos, como reconocen tanto las autoridades italianas como las instituciones europeas, la ONU y las organizaciones humanitarias.
El incidente con el que comenzó todo acaeció el 15 de marzo en aguas internacionales, a 73 millas náuticas (más de 130 kilómetros) de la costa libia, una distancia inusual en estos casos. El Open Arms recibió un mensaje a través de la red Imarsat del Centro de Coordinación de Rescate Marítimo (CCRM) de Roma, según es habitual. En pleno rescate de una patera con 101 eritreos (una nacionalidad con derecho a asilo en la UE), y después de subir a las lanchas a 25 mujeres y siete niños, apareció una patrullera libia conminando a la tripulación a entregar a los migrantes. “O les matamos”, amenazaron los libios a los rescatistas por megafonía.
El CCRM había dicho al Open Arms que los libios “coordinarían” el salvamento, pero estos llegaron mucho más tarde. Según la Convención de la ONU sobre la ley del mar (Unclos), el rescate corresponde al barco que llega primero o al que pone serias objeciones a que lo haga otro. Después de casi tres horas de tensión, los libios se retiraron.
El juez Sarpietro reconoce en su texto que la “coordinación” recaía en la Marina Militare italiana, que tiene anclado en Trípoli el buque
Capri. Desde allí se indicó que el
Open Arms fuera “alejado” del lugar. Esta declaración revela que el
Capri estaba haciendo las funciones de un CCRM libio que no existe, motivo por el cual Libia tampoco posee una zona SRR. Por consiguiente, eso implica, según señala Óscar Camps, presidente de POA, que “la Armada italiana está colaborando en devoluciones en caliente, y eso hay que denunciarlo”. En el mismo sentido se pronuncia un informe del Bundestag alemán del pasado febrero.
El 10 de julio del 2017, el Gobierno de Trípoli (uno de ellos, el que está reconocido internacionalmente) comunicó a la Organización Marítima Internacional (OMI) la solicitud de una zona SRR hasta 74 millas de la costa. Al cabo de un mes, y tras el arribo de un primer buque militar italiano, el Tremiti, el general libio Ayub Qasem decía: “Queremos enviar un mensaje claro a todos los que violan la soberanía libia y faltan al respeto a la Guardia Costera y a la Marina”.
Tres oenegés firmaron entonces un código de conducta gestado por Italia, pero otras tres optaron por cesar actividades. A partir de entonces la actitud de los guardacostas libios (entrenados por Italia, España, Reino Unido...) fue más agresiva, con amenazas, disparos al aire, rumbos de colisión... El pasado febrero, el secretario general de la ONU, António Guterres, suscribió un informe sobre el durísimo trato en Libia a los migrantes en el que se denunciaba además “la conducta violenta de la guardia costera libia”. Así, la patrullera libia número 648, que amenazó al Open Arms, ha estado implicada en varios incidentes, incluido uno que costó 50 vidas del que fue testigo la oenegé alemana Sea Watch.
El 10 de diciembre pasado, los libios informaron a la OMI de que retiraban su petición de una zona SRR (la cual no se concede si el país interesado no dispone de un CCRM). El pasado martes, la OMI confirmó a La Vanguardia que no tenía noticia de una nueva petición. En una comparecencia aquel mismo día ante el Parlamento Europeo, el director de la agencia europea de protección de fronteras, Frontex, Fabrice Leggeri, reconoció que la zona de rescate libia fue una iniciativa “unilateral” y “no se puede dar por hecha”. Leggeri admitió además que en Libia “no se dan las condiciones” para el retorno de los migrantes.
Sin embargo, un miembro de la
‘ALEJAR’ AL ‘OPEN ARMS’
El juez siciliano revela que la Armada italiana coordinaba a la patrullera libia
FUERA DE SU JURISDICCIÓN El jefe de Frontex admitió que Libia no tiene una zona de rescate reconocida
Comisión Europea dijo al eurodiputado Ernest Urtasun (Verdes) que los libios habían cursado una nueva petición a la OMI. “¿Cómo es posible que Frontex y la Comisión digan cosas distintas? –comentó Urtasun a este diario–. No hay zona SRR, pero les cuesta reconocer que no existe. ¿Qué hace entonces el control de rescate de Roma diciendo al Open Arms que tiene que ceder ante los libios?”.
Tras la retirada de la patrullera 648 se abrió otro capítulo inédito. El CCRM de Roma no adjudicó al Open Arms un puerto donde desembarcar a sus rescatados –218 en total, en dos operaciones– y exigió que pidiera destino a las autoridades españolas. En las 24 horas siguientes, Óscar Camps hizo gestiones con Madrid y Roma. Mientras, las autoridades maltesas aceptaron el desembarco –con una patrullera maltesa– de una mujer y su bebé de tres meses por razones médicas urgentes.
“Hablamos con el jefe de gabine- te del Ministro del Interior italiano, que nos adjudicó el puerto de Trapani, antes de que los guardacostas italianos nos dijeran algo –explica Camps–. Fue un tema político, se resolvió en un despacho. Le dijimos que Trapani estaba lejos, que teníamos casos médicos y que nos pasara a Pozzalo. Y el jefe de gabinete nos dijo que si nos iba mejor...”.
El juez Sarpietro critica en su escrito que el Open Arms no acudiera a Malta, el puerto más cercano a Libia. Pero es sabido que este país isla no admite los desembarcos porque no tiene capacidad de absorber a los migrantes y hasta ahora ha sido Italia –con una SRR enorme que se extiende a Sicilia y Lampedusa– quien se ha hecho cargo, a través del CCRM de Roma y la Guardia Costiera, que ha corrido con el grueso de los rescates.
La situación que emerge de todo esto es la siguiente. La UE puso en marcha el 1 de febrero una nueva misión de vigilancia en el Mediterráneo, la misión militar Themis, con la que se pretende que Malta, y no sólo Italia, sea puerto de destino. Los malteses guardan silencio al respecto. De otro lado, la Guardia Costiera italiana debe presentar en junio un proyecto de CCRM para Libia, a partir de un acuerdo firmado en junio del 2017. Ese centro de control de rescate debería estar en marcha en el 2020.
Todo apunta a que seguirá la presión sobre las oenegés. El Open Arms puede quedarse en puerto al menos quince días más, en espera de que la Fiscalía de Catania insista o no en sus argumentos de que existe connivencia con los traficantes libios de personas, algo de lo que no ha presentado una sola prueba. POA busca donantes para adquirir un nuevo barco, y sólo el Aquarius, de SOS Mediterranée, y el Seefuchs, de la alemana Sea Eye, continúan en alta mar para seguir rescatando.
AMENAZAS DE MUERTE
Los guardacostas libios tienen un historial de violencia denunciado por la ONU
LOS PLANES DE LA UE Presión a Malta para que acoja migrantes en espera de crear un control de rescate libio