Puigdemont niega el uso de violencia el 1-O en su primer recurso al Supremo
Los participantes se limitaron a “resistir de forma pasiva”, según el expresident
El expresident Carles Puigdemont ha presentado un primer recurso contra su procesamiento ante el juez encargado del caso 1-O en el Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, en el que sostiene que no hubo violencia alguna en la preparación y convocatoria del referéndum unilateral y menos un “alzamiento”, al tiempo que alega indefensión ante el curso de la causa. El letrado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, afirma que el expresident no tomó parte en ningún hecho que suponga delito alguno, por lo que pide que anule y deje sin efecto el referido auto de procesamiento.
El recurso considera que el juez Llarena utiliza “argumentos llamativos” para “justificar la existencia de violencia” cuando en realidad no la hubo. Puigdemont expone que el magistrado considera violenta la concentración de los días 20 y 21 de septiembre junto a la Conselleria d’Economia, y los hechos del 1-O, así como “la violencia que los procesados debieron suponerse” como consecuencia de la reacción del Estado. Pero sostiene que “por violencia no cabe entender unas manifestaciones de protesta, por numerosas que sean”, ni las acciones “reprobables y aisladas de quienes causan daños” en tales circunstancias. Este tipo de hechos, añade, podrían ser a lo sumo constitutivos de “desórdenes públicos”, e imputarse a los autores de tales conductas, pero no al expresident.
El recurso de reforma se presenta ante el propio juez instructor y es sólo un primer paso para tratar de impugnar el procesamiento. Si este primer intento no prospera, los imputados pueden acudir ante la Sala de Apelaciones, que ya ha intervenido en varios recursos anteriores contra decisiones de Llarena, y siempre las ha confirmado. Puigdemont sigue una estrategia similar a la de otras defensas en el sentido de centrarse en la negación del uso de la violencia. En este sentido, afirma que los ciudadanos que tomaron parte en el referéndum “se limitaron a resistir de forma pasiva la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, actuación que en algunos casos excedió claramente los límites del cumplimiento de sus deberes”. El recurso reprocha al instructor que en su auto realizara lo que el expresident estima “un desafortunado símil” entre “las manifestaciones ocurridas en fecha 20 de septiembre con un supuesto de ‘toma de rehenes mediante disparos al aire”.
Puigdemont alega que, en todo caso, los episodios violentos que pudieran haberse registrado fueron “completamente aislados” y “no permiten sostener la existencia de una violencia de entidad suficiente como para integrar el tipo (penal) de rebelión”. El recurso recoge los debates del Congreso para la confección del Código Penal vigente, y subraya que el entonces diputado de IU-IC Diego López Garrido introdujo el requisito del uso de la violencia para que un determinado hecho
El dirigente estima “admisible” un proceso hacia la independencia por vías pacíficas y denuncia indefensión
pudiera considerarse delito de rebelión. La conclusión de Puigdemont al respecto es que “la promoción de un proceso independentista es plenamente admisible en el marco constitucional español, siempre que no sea mediante el uso de la violencia”.
En cuanto a la malversación, alega que sólo “se le atribuyen hechos completamente genéricos y abstractos que, además, no se acompañan de ninguna justificación”, lo que cita como ejemplo de su situación de “indefensión”. El recurso considera, en suma, que no hay indicios de que Carles Puigdemont cometiera “ninguna infracción ni exceso” del que se haya derivado un “perjuicio real” en el “patrimonio administrado” de las instituciones catalanas.