Prisión y exilio
Hace unas semanas se publicó en Italia Galera ed esilio (Ponte alle Grazie ed.), el segundo volumen de Storia di un comunista, la autobiografía de Toni Negri. El volumen se centra en el periodo que va desde el encarcelamiento del filósofo y líder del movimiento Autonomía Obrera el 7 de abril de 1979 hasta 1997, cuando volvió del exilio en Francia, donde había huido tras ser liberado como consecuencia de su elección como diputado del Partido Radical. Negri, que finalmente fue condenado a 17 años de prisión por delitos menos graves, fue detenido durante la ofensiva antiterrorista que marcó el fin de los años del plomo, acusado, entre otros crímenes, de insurrección armada contra los poderes del Estado.
En el libro, explica las vicisitudes de su largo proceso judicial, marcado desde el inicio por lo que se conoció como el teorema de Calogero, por el nombre del juez que daba por demostrado que Autonomía Obrera y el grupo terrorista de las Brigadas Rojas eran la misma cosa o, cuando menos, tenían un proyecto estratégico común. La afición de los jueces por este tipo de teoremas que les ayudan a tejer las tramas de sus relatos es una vieja tradición europea. Como la tendencia de algunos ideólogos a confundir la realidad con el deseo y a promover estrategias insurreccionales que llevan a situaciones peores que las que se pretendía combatir. La reflexión autocrítica sobre esta última tendencia también interpreta un papel importante en Galera ed esilio, donde Negri recuerda su participación en la invención de la figura jurídica de la disociación a través de dos textos publicados en la revista Il manifiesto en 1981 y 1982.
El concepto de disociación surgió de las meditaciones en la prisión sobre el fracaso y la absurdidad de la lucha armada como vía revolucionaria. Negri describió la figura del disociado como la de aquel que, sin renunciar a sus objetivos políticos, se desvinculaba de los grupos que pretendían lograrlos de manera violenta. Y la propuso como una solución política al problema político que representaban para el Estado italiano los centenares de presos, prófugos, exiliados e imputados en libertad provisional por causas relacionadas con la insurrección.
Pocos años más tarde, una ley de 1987 la incorporó en el derecho penal italiano para regular el tratamiento de los acusados o condenados por delitos terroristas o relacionados con la subversión del orden constitucional que renunciaban a la violencia. Esta ley describía la disociación como una situación a la que sólo podían acogerse durante el mes siguiente a su entrada en vigor y que se podía revertir si no se cumplían los requisitos fijados. Y otorgaba importantes beneficios en cuanto a la libertad condicional y a las penas, en el caso de que hubiera condena. La disociación es, aún hoy, una originalidad del derecho penal italiano. Pero forma parte del repertorio de soluciones posibles a los problemas políticos que se pueden llegar a plantear cuando se han perseguido objetivos políticos por vías que, sean o no sean violentas, presuntamente contradicen el ordenamiento jurídico.
Negri describe la figura del disociado como aquel que, sin renunciar a sus objetivos, se desvincula de la violencia