La policía detiene a Falciani tras pedir Suiza su extradición
El exbanquero está condenado en firme en su país por sustracción de datos bancarios
La policía detuvo ayer en Madrid al exbanquero Hervé Falciani siguiendo una petición de extradición de la justicia suiza. En el 2013, la Audiencia Nacional ya denegó tal medida. Ahora, Suiza argumenta que Falciani tiene condena firme.
La Policía detuvo ayer en Madrid a Hervé Falciani, a petición de las autoridades suizas. Falciani huyó de su país con los datos fiscales de miles de inversores de diversos países, entre ellos España. Su extradición a Suiza fue denegada por la Audiencia Nacional en el 2013, pero Berna la volvió a solicitar hace un par de semanas porque Falciani ha sido condenado por sentencia firme en su país por lo que se ha considerado una sustracción ilegal de datos bancarios. La nueva situación permitirá que la justicia española vuelva a debatir sobre el caso, precisamente en un momento en el que desde España se ha dictado una nueva orden de detención internacional que afecta a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, sobre la que tendrá que decidir la justicia helvética.
Fuentes de Interior negaron anoche que esté en marcha operación alguna que implique una especie de canje de personas buscadas por uno y otro país. Dichas fuentes subrayaron que la Policía española recibió la nueva reclamación relativa a Falciani el 19 de marzo, es decir, cuatro días antes de que el juez del Tribunal Supremo (TS) encargado del caso 1-O, Pablo Llarena, dictara el auto de procesamiento que implicó como medida derivada la orden de detención internacional contra Rovira. En todo caso, es cierto que la negativa del 2013 a extraditar a Falciani fue mal recibida por las autoridades helvéticas, y que al plantearse ahora la marcha primero de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, y luego la de Marta Rovira a Suiza, se mencionó ese antecedente como un posible inconveniente para cualquier reclamación que se efectuara desde España. En el caso de Gabriel no ha habido nueva orden de detención porque sólo se la acusa de desobediencia, pero en el caso de Rovira las cosas son distintas, porque la acusación es de rebelión, y el interés del Gobierno de Mariano Rajoy y de la justicia española en que sea extraditada resulta obvio.
Fuentes de la Audiencia subrayaron anoche que la extradición de Falciani, ahora replanteada, se denegaría si se estima que los hechos por los que ahora se le reclama son exactamente los mismos. En su momento, la justicia española estimó que tales hechos no eran constitutivos de delito.
En cuanto a las circunstancias de la detención de Falciani, funcionarios del Grupo Internacional de Fugitivos de la Policía acudieron ayer a la Universidad Comillas y le arrestaron cuando se disponía a participar en una mesa redonda titulada “Cuando decir la verdad es heroico”, de la que también formaban parte periodistas como Sandrine Morel, de Le Monde; Joaquín Castellón, de La Sexta; o Daniele Grasso, de El Confidencial.
Hace una década, Falciani se llevó miles de datos de clientes de la entidad financiera con sede en Ginebra, datos que permitieron que la Hacienda española abriera numerosas investigaciones para recaudar el dinero presuntamente defraudado por los evasores. Falciani fue arrestado en el puerto de Barcelona en julio del 2012 por haber filtrado información de unas 130.000 cuentas bancarias de ciudadanos de 180 países que obtuvo mientras trabajó como informático entre febrero del 1997 y diciembre del 2007 en el banco HSBC Private Bank, en la sucursal de Ginebra (Suiza).
Sin embargo, la Audiencia Nacional rechazó en mayo del 2013
Interior subraya que la solicitud helvética de extradición llegó antes del procesamiento de Marta Rovira
su entrega a Suiza porque la información que desveló el informático “se refiere a actividades sospechosas de ilegalidad, incluso constitutivas de infracciones penales, que de ninguna manera es susceptible de legítima protección”. Gracias a la lista Falciani, que llegó a la Agencia Tributaria en mayo del 2010 y que sacó a la luz la identidad de 659 defraudadores españoles, se consiguieron regularizar en nuestro país 300 millones de euros.