Cargos severos
Las acusaciones de la Audiencia Nacional a Josep Lluís Trapero por su actuación al frente de los Mossos durante el 1-O; y las dificultades judiciales de Luiz Inácio Lula da Silva para relanzar su carrera política.
LA Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein descartó ayer el delito de rebelión que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena imputa a Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat. En consecuencia, dicha Audiencia decidió liberar a Puigdemont, internado en la cárcel de Neumünster desde el pasado 24 de marzo, mientras sigue estudiando su posible entrega a la justicia española por el delito de corrupción. Según el fallo de la instancia judicial de Schleswig-Holstein, el delito de rebelión es “inadmisible” en este caso. Y su delito correspondiente en la legislación alemana, el de “alta traición”, no es tampoco aplicable puesto que, a su criterio, y a diferencia del parecer judicial español, no se cumple el requisito de “violencia”.
Esta decisión alemana permitirá a Puigdemont salir de prisión una vez abone una fianza fijada en 75.000 euros, algo que podría ocurrir hoy. Pero, más allá de esta circunstancia personal, lo realmente significativo del fallo alemán es lo que sugiere sobre el rigorismo de la cúpula de la justicia española. No faltará, además, quien lo analice situándolo en el marco actual de las relaciones hispano-alemanas. En suma, la noticia que nos ocupa difícilmente podrá ser considerada como positiva desde alguna de estas ópticas.
No hace falta ser un experto en Derecho para apreciar la divergencia de criterio entre la justicia alemana y la justicia española, que en este caso es bien patente. En la causa instruida por el Tribunal Supremo contra el intento secesionista impulsado por las más altas instituciones catalanas –Generalitat, Govern y Parlament– hay ya veinticinco acusados por delitos de rebelión, malversación o desobediencia, casi la mitad de ellos en prisión preventiva o exiliados. Y en la causa sobre los mismos hechos que instruye la Audiencia Nacional se ha apreciado el delito de organización criminal, del que precisamente fue acusado ayer Josep Lluís Trapero, exjefe de los Mossos d’Esquadra, y también el ex director general de los Mossos y el ex secretario general de la Conselleria de Interior. Pues bien, salta a la vista que este rigorismo, que no ha sido visto con malos ojos por el PP, partido al frente del Gobierno, ni por la cúpula de la justicia española –Fiscalía General del Estado, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional...– no tiene un reflejo simétrico en la justicia alemana.
Tampoco estamos, obviamente, ante una noticia que beneficie el perfil del actual Gobierno español en Europa. Ni el de su diplomacia. Si en algún momento el presidente Rajoy alimentó la fantasía de que las buenas relaciones con la cancillera Merkel, favorecidas por su longevidad política en una coyuntura de inestabilidad en países del sur de Europa, podían abonar cierta sintonía entre administraciones de justicia, ayer tuvo motivos para la decepción.
La causa contra el intento de secesión catalana, alentado por el Govern con más ilusión que respeto a la legalidad, seguirá su curso. No puede ni debe ser de otro modo: ante toda acción delictiva la justicia tiene la obligación de intervenir en defensa de la ley. Pero la decisión de la justicia de Alemania, que es la primera potencia política y económica europea, marca un antes y un después en el proceso al independentismo. O, al menos, en el modo en que se ha instruido hasta ahora. La justicia española es, por supuesto, soberana. Pero la alemana acaba de decirle –y toda Europa lo ha oído– que las cosas pueden hacerse de otra manera.