Evasión helvética
Los exconsellers podrán moverse en Bélgica a la espera de la vista de la extradición
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea rechaza enviar a prisión a Hervé Falciani, cuya extradición ha solicitado Suiza, pero le impone medidas cautelares.
Pasadas las 9 de la noche, los exconsellers Antoni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig abandonaron ayer eufóricos un juzgado de Bruselas abrazándose a los pocos, pero muy convencidos fieles, que aguantaron largas horas en la calle esperando su salida. Celebraban la decisión del juez , por supuesto, pero también y muy especialmente, la del juez alemán, que se conoció pocas horas antes.
Tal como estaba previsto, los tres salieron en libertad sin fianza y con medidas cautelares mínimas, a la espera de que se convoque en las próximas semanas la vista en que se examinará la euroorden tramitada por España contra ellos. Ayer se trataba del primer paso, decidir en qué condiciones tenían que aguardar la vista. Quedaron en libertad con sólo tres requisitos: no salir del país, disponer de domicilio fijo y comparecer cuando sean requeridos. Son incluso inferiores a los establecidos en la primera euroorden en noviembre, cuando se les exigía también informar diariamente de sus actividades. No es el caso, en esta ocasión.
En una comparecencia improvisada en la calle, los exconsellers y sus abogados se esforzaron en transmitir la idea que la justicia europea estaba mandando el
“La justicia española debería reflexionar sobre el abuso que está cometiendo”, dice el extitular de Salut
mensaje a sus colegas españoles de que hay otra manera de tratar esta situación. Su tesis es que si hay cuatro jueces (uno alemán, uno escocés, y dos belgas, el de noviembre y el de ayer) que los dejan en libertad mientras se tramita la euroorden, también tendrían que salir los que en España continuan en prisión preventiva. En palabras de Comín, “la justicia española tendría que reflexionar sobre el abuso que está cometiendo”.
A lo largo de la tarde de ayer, uno tras otro, los tres exconsellers declararon ante el juez de instrucción belga en lo que supuso el primer paso del proceso que puso en marcha la euroorden lanzada por el juez Pablo Llarena el 23 de marzo. A partir de ese momento, la Fiscalía belga informó que Comín, Serret y Puig se habían puesto en contacto con ellos para manifestar su disposición a comparecer cuando fueran citados. Dado que la Fiscalía consideró que no había riesgo de fuga, no tomó ninguna medida cautelar hasta citarlos ante el juez este jueves.
La próxima etapa será una vista del caso en la Cámara del Consejo de Bruselas, que tendrá un período aproximado de quince días para para decidir si los extradita a España, tal como solicita el juez del Tribunal Supremo. Cuando se produzca esta decisión cabe recurso primero ante el Tribunal de Apelación, y posteriormente, ante la Corte de Casación. El proceso completo puede alargarse 60 días, o incluso, en casos excepcionales, es posible una prórroga adicional de 30 días más.
Comín, extitular de Salut, es el único de los tres exconsellers al que se acusa del delito de rebelión, el más grave, que prevé una pena que puede llegar a los 30 años de cárcel. Precisamente, la misma que el Tribunal Supremo carga sobre Puigdemont y que ayer el tribunal alemán descartó. Al respecto, Comín manifestó que es “una decisión que refuerza una convicción que ya teníamos de partida...,que la justicia belga no atendería la extradicción por delito de rebelión”. Esto es lo que se examinará cuando tenga lugar la vista en el tribunal, de Bruselas.
Los otros dos exconsellers, Mertixell Serret y Lluís Puig, se salvan del cargo más grave, se les acusa de malversación y desobediencia. La rebelión no está incluida en los 32 tipos de delito que la euroorden contempla como doble incriminación, y tampoco no está en el Código Penal de Bélgica. Por tanto, las autoridades judiciales españolas tienen que encontrar y argumentar su correspondencia con un cargo que sí que esté previsto en la legislación de este país.
De que se aprecie esta relación dependerá en gran parte que se conceda el traslado a España de los tres exconsellers, como solicita la justicia española. De momento, los tres podrán seguir instalados en la casa de Waterloo, y con plena libertad de movimientos en el interior de Bélgica.