¿Puede amañarse un máster?
Las universidades responden que es casi imposible que no salten las alarmas
El máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, preocupa a los rectores de las universidades españolas no tanto por las consecuencias políticas como por la mancha que este asunto puede suponer en la honorabilidad de estas instituciones que se basan en la confianza de la sociedad en el sistema. Pero si se devalúa el valor del título por prácticas irregulares, se pondría en juego la profesionalidad de profesores, el esfuerzo y tiempo de los alumnos y el dinero de las familias.
No obstante, las explicaciones de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) y de la propia Cifuentes estas últimas semanas no aclaran si la presidenta madrileña cursó y aprobó de forma regular el máster que figura en su currículum. Hoy el rector comparecerá ante los medios de comunicación para contar el resultado de la investigación que inició de forma reservada el día 21 de marzo y a la que se sumaron dos observadores de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) que, según la organización, ya están en contacto con los inspectores de Servicios de la URJC.
¿Resulta tan fácil como parece conseguir un título de máster de forma no regular? Las universidades catalanas consultadas lo niegan. “En la Universidad de Barcelona sería si no imposible sí muy difícil falsificar notas y saltarse todo un procedimiento sin que saltaran las alarmas”, sostiene el rector Joan Elias. “Los procesos internos y externos de control y calidad hacen inviables tantos errores”, indica Virginia Luzón, vicerrectora de Comunicación de la Autónoma de Barcelona (UAB). “¿Nos podría pasar a nosotros? ¿Es fácil? la respuesta es un no rotundo”, asegura Cristina Gelpí, vicerrectora académica de la Pompeu Fabra.
“El sistema universitario en nuestro país es muy garantista”, explica Josep Maria Vilalta, secretario de la Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), “y cuenta con un estricto procedimiento”, pero que no es ajeno a errores o cambios de última hora, según las universidades. Desde el mismo momento en que el alumno accede al grado con una nota de selectividad y hasta la recogida del título, el expediente está actualizándose constantemente. En el mismo intervienen numerosos actores: gestión académica, servicios administrativos, profesores, miembros del tribunal del trabajo... “Cualquier nota puede cambiarse pero presentando primero una instancia en la que se explica el motivo”, indica Luzón. ¿Sucede? “Sí”, confirma. “Sucede que un alumno puede hacer prácticas en verano que le cambian la nota que hemos cerrado en junio, pero el profesor debe explicar por qué cambia esa nota”.
Todo deja un rastro que se registra: presencia en clase, trabajos, exámenes, notas, comunicaciones con el profesor... “La actividad de cada estudiante está custodiada por los servicios de gestión académica –indica Gelpí–. Es cierto que algunos documentos se digitalizan y otros no pero existen protocolos de seguimiento y trazabilidad que se conservan”. Y la vicerrectora, como los demás, considera que pueden producirse errores humanos que explicarían algunas de las incidencias expuestas en el caso Cifuentes, por ejemplo. Pero extraña que haya tantos juntos.
“Yo no creo que la URJC trabaje mal pero me sorprende la acumulación de situaciones no regulares que se dan en una universidad pública, por eso hay que esperar al dictamen de la comisión interna”, indica la vicerrectora de la UPF.
El rector de la UB también se muestra cauto: “Si fuera cierto el cúmulo de despropósitos, significaría que hay un descontrol total y
Los procesos internos y externos de control y calidad hacen inviables tantos errores, señalan en los rectorados
yo dudo que eso esté sucediendo en una universidad sometida a auditorías externas”, concluye. Las agencias Aneca (y AQU en Catalunya) evalúan cíclicamente las universidades y vigilan que los procesos sean correctos. A su juicio, una investigación, con observadores de la Crue, detectará con facilidad la naturaleza de los errores, y si hubiese existido complicidad de diversos agentes para su comisión. “Pero este proceso habría que desligarlo de la política y esperar qué dice la investigación”, afirma el rector.
Con el plan Bolonia, la mayoría de másters son presenciales, mayoritariamente al 80% de las clases. Pero algunos sólo exigen la presencialidad de las prácticas. “Los alumnos firman en un folio con su número de identificación y ese papel se registra en los servicios de administración”, indica Luzón. Una muestra de tres exámenes por materia (nota alta, media y baja) se guardan y comparan. Asimismo, se miden las notas obtenidas por cada grupo de alumnos para saber si entran en las medias (un 10% excelente, un 5% de suspensos y el resto entre bienes y notables). Si existe una desviación, se averigua la razón con la idea de introducir mejoras.
Los trabajos finales de máster así como los exámenes, se guardan en un repositorio digital durante un tiempo, tras el cual se envía a una empresa de destrucción de este tipo de documentos. Puede defenderse sin pasar por dos de las tres tutorías que, en principio son recomendables pero entonces, por muy brillante que sea el trabajo que defiende el alumno, no puede superar el cinco de nota”, indica el procedimiento la vicerrectora Luzón. Con la tutoría, de una hora, el profesor ya evalúa el grado de trabajo realizado por el estudiante. Y escribe un informe que queda también registrado. El tribunal está formado por tres profesores que firman un certificado.
Cada 4 años, las agencias de calificación evalúan la calidad docente y administrativa con todos estos datos y monta un tribunal externo con profesores de otras universidades. Finalmente, el máster obtiene un certificado de la agencia.
“La actividad de cada alumno está custodiada por los servicios de gestión académica”, indican en la UPF