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La preocupante falta de efectivos de la Guardia Urbana de Barcelona, y la más que probable victoria en las elecciones húngaras del actual primer ministro, el conservador nacionalista Viktor Orbán.
LOS cambios de todo tipo que afectan de forma profunda a las sociedades tienen una gran repercusión en las grandes ciudades, donde lo local y lo global se funden con una enorme inmediatez. Esa evolución se nota especialmente en el comportamiento de los ciudadanos, que exigen no sólo una información veraz sobre todo lo que les afecta, sino capacidad real de decisión sobre los asuntos del común. Una realidad que complica al extremo la gestión de los políticos elegidos.
Una de las exigencias ciudadanas más evidentes es la de la seguridad debido, entre otras causas, a la amenaza terrorista de la que Barcelona y Cambrils fueron víctimas el pasado verano. Aunque es la principal, la violencia yihadista no es la única causa de preocupación. El viernes mismo se hizo público el aumento de delitos en Barcelona y el área metropolitana, donde por ejemplo los robos con violencia en domicilios han aumentado un 12,6% y los hurtos en general representan el 40% de los hechos denunciados. Una escalada más que preocupante.
Coinciden estas informaciones con el hecho de que la Guardia Urbana de Barcelona pasa por unos momentos críticos debido a un evidente déficit de efectivos. El cuerpo policial de la capital catalana cuenta con una larga tradición y con un más que notable crédito ciudadano a pesar de que, en alguna etapa de esa longeva historia, no siempre sus responsables políticos y sus mandos han velado por su principal cometido: el servicio del ciudadano, sea en tareas de ordenación del tránsito, del buen uso del espacio público, de la tarea policial de proximidad o de apoyo en las tareas policiales de los Mossos, con los que existen acuerdos de colaboración que firmaron en el 2006 el alcalde Clos y la consellera Tura, y que el alcalde Trias potenció con un éxito indudable. Sin ir más lejos, la tarea de la Guardia Urbana en el trágico atentado de la Rambla el verano pasado fue un ejemplo de su alta profesionalidad.
Pero los números cantan. La dotación de la Urbana en Barcelona en la actualidad es de 3.048 efectivos, cuando en 1992 se situaban por encima de los 3.800. Siendo, como es, la misma población (1,6 millones) y habiéndose multiplicado por 4 el número de turistas (se ha pasado en esos años de los 4,3 millones de turistas a los casi 20 millones), es evidente que algo no va como debiera. El resultado es que, por razones obvias, el centro de la ciudad requiere una mayor presencia de agentes y las periferias quedan marginadas. Lo peor es la noche, cuando el número de efectivos que patrullan desciende lógicamente, a pesar del elevado número de horas extras (más de 330.000, con un coste de 8,6 millones, el 2016). Si además se tiene en cuenta que para hacer frente a la amenaza terrorista, el protocolo obliga a los urbanos a patrullar en pareja, resulta evidente que la gestión de su tarea se complica todavía más.
Pero el futuro puede ser aún peor. El Gobierno prepara un decreto por el que los policías municipales podrán jubilarse con 60 años, lo que de producirse significaría una disminución de unos 300 efectivos en Barcelona porque, además, el cuerpo adolece de una estructura de edad envejecida. Frente al problema, las 150 plazas de urbanos convocadas recientemente por el Consistorio son claramente insuficientes. Y aunque es el Gobierno el que marca las ampliaciones de plantilla, de acuerdo con los presupuestos, también lo es que la redimensión de la plantilla es urgente. A da Cola u y su equipo deben negociar con el Gobierno y, al mismo tiempo, optimizarlos es casos recursos.