Frontera militarizada
Arizona y Nuevo México seguirán sus pasos y California calla
El estado norteamericano de Texas ha sido el primero en seguir las órdenes de Trump y enviar la Guardia Nacional a la frontera con México para prevenir la inmigración ilegal y el tráfico de drogas.
Al presidente Donald Trump le gusta jugar de farol.
Las ocasiones en las que se ha certificado que sólo fanfarroneaba son cuantiosas. Así que muchos pensaron que su obsesión con los inmigrantes, y con México en concreto, se desvanecería como un castillo de naipes al tomar posesión de la Casa Blanca.
Sin embargo, Trump ha hecho de su promesa de construir “un muro grande y hermoso” uno de los ejes esenciales de su particular ideología. A falta de que el Capitolio y México le faciliten el dinero para sufragar el coste de su infraestructura, el presidente ha dado un golpe de efecto esta semana al militarizar la frontera sur del país por la supuesta amenaza de la entrada de indocumentados y de los traficantes de drogas.
El estado de Texas, muy en la onda del trumpismo, empezó este viernes el despliegue de su Guardia Nacional. Un portavoz del cuerpo aseguró que en un plazo de 72 horas se desplazarían al menos 250 unidades.
La movilización se inició en el centro de los reservistas de Austin con el simbólico despegue de dos helicópteros en los que viajaban cuatro uniformados.
“El despliegue cumplirá con las prioridades establecidas por el gobernador y el presidente de asegurar nuestra frontera”, señaló a los medios la brigadier general Tracy Norris, comandante de la Guardia Nacional de Texas.
La ceremonia de Austin se produjo a la misma jornada en la que el gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey, anunció el envío de 150 soldados.
La suma de ambos contingentes todavía queda lejos de la pretensión de la Casa Blanca de desplegar 4.000 uniformados.
De los otros dos estados fronterizos del sur, mientras que la gobernadora de Nuevo México, la también republicana Susana Martinez, prometió destinar tropas, la oficina del gobernador de California, Jerry Brown, no se ha pronunciado aún sobre si atenderá esa petición. El demócrata Brown se ha erigido como uno de los arietes contra la política sobre inmigración de Trump.
El denominado título 32 permite que un despliegue ordenado por el Gobierno federal sea dirigido por los gobernadores, que son los que disponen del control de la Guardia Nacional. Pero la financiación corre a cargo de Washington. Por esta razón, el secretario de Defensa, el general James Mattis, firmó la orden este mismo viernes para autorizar los fondos necesarios de cara al envío de ese contingente a la frontera.
En esta línea de mano dura, Trump firmó el memorándum en el que se fija el plan para acabar con la llamada práctica del “capturar y liberar”. Esto significa que el presidente busca que se mantengan encarcelados a los detenidos sin documentos hasta que se produzca su vista de deportación, en lugar liberarlos a la espera de que se produzca una resolución.
Trump requirió al Departamento de Defensa una lista detallada de todas las instalaciones en las que podrían mantener encerrados a los arrestados.
El fiscal general, Jeff Sessions, ordenó a los acusadores federales que apliquen la máxima dureza y encausen al mayor número de los apresados por primera vez al cruzar la frontera. “Estamos diciendo que si entras ilegalmente no obtendrás premio y recaerá el peso de la ley”, subrayó Sessions.
Todo esto es la culminación de una semana en la que el presidente Trump ha reforzado su léxico anti inmigración, alentado por los líderes de la cadena Fox, que han criticado que la ley de gasto destine mucho capital a causas sociales y sólo 1.600 millones de dólares para el famoso muro, presupuestado en unos 25.000.
Pese a que Trump calificó de “gran paso” desplegar a la Guardia Nacional, su dos inmediatos predecesores –Barack Obama y George W. Bush– ya adoptaron medidas similares. Y si bien en marzo hubo un repunte en la captura de indocumentados por las fuezas fronterizas, el global del último medio año indica un descenso, situándose en los niveles más bajos desde los años setenta.
Según dijo Vicente Gonzalez, congresista por Texas, al The New York Times, “suena más a retórica que a una necesidad”.
El secretario de Defensa firma la orden para financiar un envío de hasta 4.000 uniformados