Justicia y cuentas pendientes
La presencia y el discurso del Rey en el acto de entrega de despachos a la última promoción de la carrera judicial tuvo este año un significado y un contexto especiales. El apoyo de Felipe VI al Poder Judicial se produce en un momento de gran controversia política y jurídica por el proceso penal relacionado con el 1-O. Las consecuencias del referéndum y la declaración unilateral de independencia (DUI) han derivado en una causa compleja, tanto en el Tribunal Supremo como ante instancias internacionales, en varios países europeos.
En este contexto, cobra especial relevancia que el Monarca subrayara que la alta función de jueces y magistrados se enmarca en “la sujeción a la ley y el derecho”. Esto –añadió– “es lo que establece la Constitución que, como norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, siempre ha de guiar vuestras decisiones”. Lo que Felipe VI les pidió a los jueces, en suma, es lo que desde el comienzo de su reinado se ha exigido a sí mismo, desde su discurso de proclamación, es decir, la observancia de los mandatos constitucionales. Precisamente porque “salvaguardan y garantizan los derechos y libertades”.
Un acto y un discurso, en suma, que se movieron en un terreno de reivindicación de principios, pero en un marco profundamente anómalo. En la entrega de despachos no hubo representantes políticos, como en ocasiones anteriores. Y no pocos de los asistentes se sintieron “encapsulados”. Un signo más de la complejidad del momento.
Al Poder Judicial, como antes al Tribunal Constitucional (TC), le pesa el papel que le ha correspondido tras el choque político entre Catalunya y las instituciones del Estado. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, ha dicho en diversas ocasiones que los conflictos políticos no se solucionan en los tribunales. Pero los jueces no van a abdicar de su responsabilidad. Lo que sí esperan es no quedar largamente instalados en el ojo del huracán.
La crisis institucional, la división social, no se resolverán a base de sentencias. Pero como subrayaba ayer Lesmes, los jueces sí saben que son “pieza fundamental para garantizar la paz social y la seguridad jurídica”. Lo que hace falta es que la política no dirima en las salas de justicia sus cuentas pendientes.