Urgencia

Cuando Carles Puigdemont fue encarcelado en Alemania, muchos comentaristas se dedicaron a poner en duda el carácter democrático de aquel país y la independencia de su justicia. Se decía que no era casual que la detención se hubiera producido en Alemania, de la que se denunciaba su pretendido estilo totalitario y la poca sensibilidad ante las reivindicaciones nacionalistas. Muy específicamente, se recordaba que el artículo 155 de la Constitución española era una reproducción casi literal de la Ley Fundamental de Bonn y que esto auguraba cual podía ser el final de la petición de extradición. Todo esto, aliñado con consideraciones muy poco amables en las que, más de uno, se dejaba seducir por el fácil recordatorio del pasado nazi de aquel país.

Ahora, ninguno de los que habían hecho tan duras insinuaciones y acusaciones ha creído necesario retractarse o reconocer el error. Con el mismo entusiasmo de antes, ahora se destaca el carácter ejemplarmente democrático de Alemania, la justicia de aquel país ha recuperado –de repente– su independencia y nadie se acuerda de los orígenes del artículo 155 de la Constitución. El artículo 155, por ejemplo, ¡no tiene culpa de nada! Como siempre pasa, será en todo caso el uso que se le dé o la ignorancia que se le dedique.

Cuando los temas políticos sólo se judicializan, el escenario se escapa del simple análisis político. Ciertamente, algunos problemas políticos tienen vertientes judiciales que no se pueden archivar sin más. Pero la política ha de dominar el escenario de las posibles soluciones. Ahora, parece que esta afirmación tiene más defensores que hace un tiempo, pero tampoco parece que se concrete nada que pueda ayudar a avanzar. En el bien entendido de que todos los actores están obligados a poner de su parte los mejores esfuerzos y una voluntad real de encarrilar el futuro desde la legalidad estatutaria y constitucional. Esta, la legalidad, es también la referencia de cualquier acercamiento político.

Seguimos necesitando un gobierno urgentemente. Un gobierno posible que permita una normalización institucional, una recuperación del autogobierno y una acción política que no nos aleje de los problemas que afectan a los ciudadanos. Esta situación sería la que mejor serviría y ayudaría a la búsqueda de soluciones políticas que proyectasen al escenario judicial un clima de distensión. Será difícil e, incluso, algunos podrán decir que imposible. Pero también es cierto que no parece que nadie esté muy preocupado por lo que resulta posible. Aún mueve más el imaginario de los sentimientos y de las ilusiones que la aceptación ambiciosa de la realidad que nos rodea.

Es evidente que los últimos acontecimientos ponen las emociones aún más a flor de piel. Pero esto no esconde el núcleo duro del problema ni de los condicionamientos de toda clase que se ponen de manifiesto. ¿Discutimos sobre interpretaciones jurídicas o sobre un problema político que ahora demanda respuestas inmediatas del mundo político? Sólo un gobierno recuperado en el marco de las instituciones podrá trabajar con una cierta perspectiva de futuro, superando las limitaciones del artículo 155. El presente, tal como va, tiene vocación de alargarse en la confusión actual. Hay que mirar al futuro; desde las instituciones y con un gobierno con vocación normalizadora.

Si nadie discute la urgencia, hagámoslo posible.

¿Discutimos sobre interpretaciones jurídicas o sobre un problema político que ahora demanda respuestas inmediatas del mundo político?