El Gobierno avisa a Torrent
El Parlament prepara acciones contra el juez pese a las reservas de los letrados
El Gobierno del PP advirtió ayer al presidente del Parlament, Roger Torrent, de que presentar una querella contra el juez del Supremo que instruye la causa por rebelión puede suponer un delito de malversación. Torrent presidió un homenaje a los republicanos represaliados por el franquismo.
“Que luego no digan que no sabían las consecuencias”. Con este argumento expresado por el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno advirtió a la Mesa del Parlament que presentar una querella, como institución, contra el magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa por rebelión contra los principales líderes independentistas puede llevarles a incurrir en un delito de malversación de caudales públicos. Una advertencia que reiteró el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desde la Moncloa.
La mayoría independentista en la Mesa acordó ayer iniciar los trámites para presentar una querella por prevaricación contra el juez Pablo Llarena por impedir que Jordi Sànchez saliera de prisión y participase en el debate de investidura previsto para ayer y que finalmente fue suspendido. La iniciativa, impulsada por el presidente de la Cámara, Roger Torrent, fue objeto de una intensa discusión entre los miembros del órgano rector del Parlament. Torrent (ERC), Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Alba Vergés (ERC) votaron a favor de dar trámite a las acciones penales contra Llarena, mientras que José María EspejoSaavedra (Cs), David Pérez (PSC) y Joan García (Cs) votaron en contra. El presidente del Parlament defendió que “a través de la defensa de los derechos de los presos políticos y
los exiliados” se están defendiendo “los derechos de todos los diputados y todo el conjunto de la ciudadanía”, derechos que, según su parecer, habrían sido conculcados por el Supremo al no permitir investir al candidato a la presidencia de la Generalitat con más apoyos parlamentarios, en prisión provisional.
De ahí que la mayoría independentista considere que procede emprender acciones legales en nombre del Parlament. Un punto de vista que no comparten ni los grupos constitucionalistas –Catalunya en Comú Podem sí apoya la querella contra Llarena– ni los letrados de la Cámara. De nuevo las decisiones políticas de los miembros soberanistas de la Mesa chocan con las recomendaciones legales de los juristas, que ayer expresaron sus dudas sobre la idoneidad de presentar una querella en nombre de la institución. Los letrados sostuvieron que sería más apropiado que las acciones penales fuesen interpuestas o bien por el afectado, Jordi Sànchez, o bien por los grupos parlamentarios que lo consideren. Además, advirtieron que ellos no son expertos en derecho penal.
Pese a ello, Torrent dio luz verde y pidió que sean los servicios jurídicos de la Cámara quienes redacten la querella, tal y como recoge el documento interno acordado por la Mesa. En concreto, este señala que el Parlament se querellará “contra el magistrado o magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo que resulten responsables de los hechos consistentes en la vulneración consciente y deliberada de los derechos políticos fundamentales de los diputados del Parlament, y particularmente de los candidatos Jordi Sànchez y Jordi Turull”, por
La mayoría independentista considera que el TS conculca los derechos de todos los diputados
ser decisiones “manifiestamente arbitrarias, injustas y contrarias a Derecho”. Este escrito servirá de base para redactar la querella.
Tanto Rajoy como el ministro de Justicia, Rafael Catalá, insistieron en que “si se paga con dinero del Parlament podría ser malversación de caudales públicos”. La líder de Cs, Inés Arrimadas, avisó asimismo que su grupo estudiará acciones legales si Torrent gasta dinero público en querellarse contra el TS. El presidente del Gobierno y Catalá coincidieron además en que lo que tiene que hacer el Parlament es “elegir a un president de la Generalitat que esté en condiciones de gobernar”. Catalá recordó que las decisiones judiciales pueden recurrirse. “Se están equivocando al intentar amedrentar o incluso amenazar a un magistrado a base de escraches, de pintadas en su vivienda y de presentarle una querella por hacer su trabajo”, subrayó.
Por su parte, Torrent valora comparecer ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para denunciar la situación de Sànchez.