El Gobierno prepara la denuncia contra el Parlament por la vía penal
El Ejecutivo pide toda la documentación para contrarrestar la querella a Llarena
Al igual que el Gobierno ha decidido poner en marcha una ofensiva internacional para contrarrestar el discurso independentista que parecía estar calando en la opinión pública europea, el Ejecutivo de Mariano Rajoy cree que es necesario marcar la actuación de los partidos independentistas, sin dejarles pasar ni una, y en especial la del Parlament de Catalunya, para que en la opinión pública española no crezca también el desánimo tras el revés sufrido con la decisión del tribunal alemán sobre Puigdemont.
El Ejecutivo cree que tras la aplicación del artículo 155 y la destitución de todo el Govern, incluido su president, Carles Puigdemont, los españoles empezaron a perder interés en el proceso, porque consideraron que el Gobierno había frenado la amenaza de ruptura de la nación española, y que todo estaba hecho. De hecho, los últimos datos del CIS señalan que ha bajado mucho la preocupación por el proceso en Catalunya.
En la Moncloa creen que los españoles nunca llegaron a percibir con exactitud ni la dificultad de las decisiones adoptadas con la aplicación del artículo 155 ni tan siquiera la dificultad de frenar el proceso y que los independentistas no obtuvieran ni un solo apoyo internacional. Pasado el peligro dejaron de preocuparse, es la percepción que tienen, y sólo el revés sufrido en Alemania ha vuelto a hacer pensar a la opinión pública española que no todo está conseguido.
De ahí los mensajes de los últimos días de que no todo está perdido en Alemania, y el anuncio del Gobierno de que perseguirá penalmente, en los tribunales, al Parlament de Catalunya si mantiene su querella contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que persigue a los independentistas por rebelión. No quieren que el ánimo empiece a desfallecer entre los españoles y cunda la sensación de que los independentistas todavía puede que se salgan con la suya.
Por eso, el Gobierno no ha esperado ni siquiera a que el Parlament presente la querella decidida por la Mesa contra el juez Llarena, por no dar permiso a Jordi Sànchez para que acudiera al Parlament al debate de investidura a defender su candidatura a la presidencia de la Generalitat, y se ha puesto ya en marcha para poder iniciar, cuanto antes, las actuaciones para acusar a la Mesa del Parlament de malversación.
A través de la Abogacía del Estado, el Gobierno ha empezado a recabar documentación sobre la decisión de la Mesa de interponer querella contra Llarena, en contra de lo que aconsejaron los letrados del Parlament, para poder estudiar la posibilidad de interponer esa denuncia en el más breve tiempo posible.
El Ejecutivo esperará, no obstante, a ver si los grupos piden a la Mesa del Parlament la reconsideración de la decisión y si esa petición es tomada en consideración o no por el órgano de gobierno de la Cámara. Si no da marcha atrás, el Ejecutivo de Mariano Rajoy está decidido a actuar contra la Mesa del Parlament, y esta vez no será a través del Tribunal Constitucional, donde hasta ahora el Gobierno ha llevado la denuncia jurídica de todo lo relacionado con el proceso independentistas, sino que acudirá a la vía penal contra los responsables de esa decisión.
La justificación en la que el Gobierno ampararía esa denuncia por malversación de caudales públicos es que toda querella, y lo que ha decidido la Mesa del Parlament es una querella contra el juez Llarena, supone tener que ir asistido de abogado y procurador, y eso ya supone un gasto que, a juicio del Gobierno, puede suponer malversación de caudales públicos, porque “aquí cada uno se paga su abogado”, dijeron las fuentes gubernamentales.
ACUSACIÓN El Ejecutivo cree que el mero hecho de usar procurador y abogado ya es malversación
OPINIÓN PÚBLICA La Moncloa teme el desánimo de la opinión pública tras el revés del tribunal alemán