Las causas por el 1-O entran en fase decisiva tras los procesamientos
El Tribunal Supremo (TS) y la Audiencia Nacional van a concentrar a partir de mañana una intensa actividad en relación con los procesos relacionados con el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia (DUI). Los magistrados Pablo Llarena (TS) y Carmen Lamela (Audiencia) van a interrogar a los procesados, para tomarles la declaración que se conoce como indagatoria. Se trata de la que corresponde llevar a cabo tras la notificación formal del auto de procesamiento.
La importancia de esta diligencia deriva de que ofrece a los imputados la posibilidad de responder a las tesis de dicha resolución, en una fase decisiva en la que, por tanto, han dejado de tener la condición de meramente investigados, y pueden empezar a articular su defensa sabiendo con mayor certidumbre de qué se les acusa. Es decir, habiendo conocido por el propio auto de procesamiento qué delitos concretos se les imputan, y no sólo que se les persigue penalmente por hechos todavía no bien definidos.
Los primeros en comparecer ante Llarena en el Supremo van a ser el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y el expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quienes declararán a lo largo del día de hoy, a partir de las 10 de la mañana. Al día siguiente comparecerán los exconsellers Joaquim Forn (Interior), Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad) y Raül Romeva (Exteriores). Finalmente, el miércoles declararán los también exconsellers Jordi Turull (Presidència) y Dolors Bassa (Trabajo), así como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Se trata, por tanto, de todos los procesados que están en prisión preventiva.
Los exmiembros del Govern están acusados de los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos. Los Jordis y la expresidenta del Parlament, a su vez, han sido procesados exclusivamente por uno de tales delitos, aunque se trata del más grave, el de rebelión, al que pueden corresponder hasta 30 años de prisión. Los cuatro miembros de la Fiscalía encargados del caso –Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado, y los fiscales del Supremo Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno– se han dividido estos días la tarea, y mientras el segundo de ellos estuvo en La Haya con sus colegas alemanes para tratar de obtener la entrega del expresident Puigdemont por el delito de rebelión, los otros
La Fiscalía no ve motivos para alterar la situación personal de los exconsellers que están en prisión
tres se han concentrado en preparar las citadas declaraciones indagatorias.
En medios del Tribunal Supremo se cree que los interrogatorios pueden ser largos, no tanto porque
haya muchas preguntas pendientes como por la posibilidad de que sean los propios procesados los que quieran extenderse en un análisis minucioso y detallado del auto de procesamiento, para responder a las imputaciones que en él se les formulan. En tales medios se subraya, en este sentido, que a lo largo de la semana pasada han sido diversas y de larga duración las visitas de los abogados a las prisiones en que sus respectivos defendidos se encuentran en situación de prisión incondicional.
La Fiscalía, en cambio, no ha dado signos de querer profundizar especialmente en los interrogatorios. En parte, porque ya tiene elaborado un relato de los hechos, sustancialmente coincidente con el del juez Llarena. Se diría, en suma, que los fiscales acuden a estas nuevas declaraciones con más ánimo de escuchar lo que los procesados tengan que decir en su defensa que de preguntar sobre unos hechos que consideran básicamente acreditados. Es decir, que se produjo un delito de rebelión porque hubo un alzamiento tumultuario con episodios de violencia. Y que para organizar el referéndum del 1-O se emplearon fondos públicos. El auto de procesamiento cifraba en 1,6 millones de euros lo gastado en dicha convocatoria. La justicia alemana ha expresado dudas sobre la existencia de este delito. Por otra parte, ha denegado inicialmente la entrega de Carles Puigdemont por considerar que los actos de violencia registrados no permiten equiparar lo sucedido con el delito de alta traición, equivalente en el Código Penal alemán al de rebelión.