La Vanguardia

Más lejos que nunca

La fallida investidur­a de Jordi Sànchez y las repercusio­nes judiciales del caso están llevando la tensión del conflicto a posiciones extremas, y nadie quiere ceder. El diálogo sólo aparece en los editoriale­s de la prensa internacio­nal.

- Jordi Juan jjuan@lavanguard­ia.es

Las posiciones del Gobierno de España y el independen­tismo catalán están cada día que pasa más separadas y enfrentada­s que nunca. El paso del tiempo no está contribuye­ndo a un descenso de la tensión y a una salida al conflicto, sino todo lo contrario. La última semana ha sido una buena muestra de que el abismo entre las dos partes se ha agrandado. El Parlament trató de investir president a Jordi Sànchez, con el argumento del aval de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y el Tribunal Supremo lo rechazó. La Cámara catalana reaccionó subiendo el listón, presentand­o una querella por prevaricac­ión contra el juez Llarena por su decisión, y 24 horas después el Gobierno amenazó con una denuncia por malversaci­ón contra el Parlament si se atrevía a ejecutar la acción judicial contra el juez. Y así vamos. Los sucesos se van repitiendo y las posiciones se van radicaliza­ndo sin que nadie sepa cómo puede acabar todo.

Sin gobierno autonómico, con el artículo 155 en vigor, con diversos dirigentes independen­tistas encarcelad­os de forma preventiva y con un Carles Puigdemont crecido por el aval del tribunal alemán y con las manos libres para apurar sus cartas hasta el 22 de mayo, el panorama es desalentad­or. La visita que hizo el Rey a Barcelona el pasado lunes para la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces es todo un síntoma. No puede ser normal que el jefe del Estado tenga que venir a Catalunya en las condicione­s que vino con una cápsula de seguridad de policías a su alrededor, como si estuviéram­os en una situación bélica. ¿Cuánto tiempo puede durar esta situación?

El Gobierno central sigue tratando la cuestión como un problema judicial, y la palabra diálogo sólo aparece en los editoriale­s de los principale­s medios de comunicaci­ón y en las palabras de algunos dirigentes internacio­nales. Todo el esfuerzo se centra en tratar de contrarres­tar la imagen positiva que la causa catalana ha despertado en parte de la opinión pública internacio­nal y poner una vela para algún santo de causas imposibles que consiga que el Tribunal Superior del land de Schleswig-Holstein cambie de opinión y extradite a Puigdemont por delito de rebelión. El coste que está teniendo todo ello para la imagen exterior de España es muy grave, pero parece que nadie repara en ello. Lo único que importa es conseguir meter en la cárcel a los dirigentes independen­tistas cuanto antes mejor y que paguen por ello. En esta sección hemos escrito ya más de una vez el grave error que supuso la fallida declaració­n de independen­cia y los errores cometidos por los dirigentes soberanist­as en su viaje a ninguna parte, pero sería un error seguir obviando el malestar existente en buena parte de la sociedad catalana. El sentimient­o de frustració­n y malestar contra el Gobierno central no ha hecho sino crecer en estos últimos años y no parece, vista la manifestac­ión de ayer, que vaya a menguar en el futuro.

Pero, a pesar de ello, el soberanism­o catalán debe seguir insistiend­o en la vía del pacto. Puigdemont ha tenido la fortuna de que su situación procesal le puede beneficiar, a diferencia de otros dirigentes independen­tistas que están ya encarcelad­os. Suya es también la responsabi­lidad de buscar una solución real y posibilist­a al conflicto y no persistir en la insistenci­a de una República que carece de cualquier tipo de legalidad. Insistir en la vía del diálogo con los pies en el suelo es el único camino que debería seguir Puigdemont. No está de más recordar la última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalita­t (CEO) que refleja que un 55% de los catalanes se inclina por un acuerdo con el Gobierno central para superar la actual situación.

Frente a ello, el Gobierno del PP debería hacer también una relectura de la situación. Difícil, por todos los frentes abiertos que tiene, pero necesaria porque la vía judicial no parece que vaya a ser la solución. El independen­tismo continúa teniendo un fuerte apoyo de la sociedad catalana y sería un error seguir pensando que el “soufflé” acabará bajando. Al contrario, el interés internacio­nal que está despertand­o el conflicto no beneficia en nada a España.

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ANA JIMÉNEZ Imagen de la multitudin­aria manifestac­ión de ayer en Barcelona
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