Turull reprocha al magistrado que pretenda decidir el presidente de la Generalitat
Los procesados dan un giro radical a su estrategia en el proceso por el 1-O
El auto de procesamiento en el caso 1-O ha abierto una nueva fase en la que muy probablemente se han acabado las manifestaciones de contención y moderación. Los procesados se consideran “presos políticos” y así se lo han espetado al juez encargado del caso en el Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, a lo largo de los últimos tres días de interrogatorios.
No es que antes no lo pensaran, aunque el exconseller de Presidència Jordi Turull dijo ayer que al principio tuvo sus dudas. Ahora, en cambio, están convencidos de que el suyo va a ser y está siendo ya “un juicio político”, y por tanto han planteado su defensa en estos términos, buscando responder frontalmente a las acusaciones y pasar al contraataque. De ahí que el propio Turull dijera ayer al magistrad: “No pretendan decir quién debe ser el candidato a presidir la Generalitat”.
Turull no se limitó a esta observación crítica, sino que también le reclamó al juez Llarena que “dejen de meter la justicia en la política”. Y añadió dirigiéndose al magistrado: “Usted me ha convertido en un preso político”. El exconseller de Presidència dijo en otro momento de su declaración que en el caso 1-O se ha producido “un cruce de poderes”, porque ha habido manifestaciones de miembros del Gobierno anunciando cuándo iban a producirse los procesamientos y por qué tipo de delitos, mientras el propio Supremo interviene sobre quién puede ser elegido president de la Generalitat.
Turull, en definitiva, expuso su convencimiento de que si bien en octubre pasado, cuando fue encarcelado por primera vez –entonces por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela–, cabían dudas sobre su condición de “preso político”, ahora ya no tiene ninguna, sobre todo tras ser devuelto a prisión el pasado 23 de marzo, cuando acaba de someterse a una primera votación en la sesión de investidura celebrada en el Parlament. El exconseller de Presidència dijo también que su convicción actual también se funda en que las opciones soberanistas obtuvieron un respaldo mayoritario el 21-D.
En su declaración Turull aludió también a que el juez no aprecie “en su esfera psicológica inera terna” la garantía de que iba a respetar las decisiones judiciales. Y le pidió al magistrado si dispone de algún informe psicológico o forense que apoye esa tesis.
Llarena, a su vez, le manifestó a Turull al término de su declaración que podía tener la tranquilidad de saber que el auto de procesamiento sería revisado “con rigor” ante el correspondiente recurso. Y añadió que era al mismo tiempo consciente de que Turull en ningún caso quedaría satisfecho si finalmente la decisión adoptada permanecía invariada.
La exconsellera de Treball Dolors Bassa manifestó a su vez que “la violencia” del 1-O “la produjo la Policía y la Guardia Civil” con su actuación en los colegios electorales. Añadió que antes del día del referéndum pensó que todo transcurriría como el 9-N del 2014, sin incidentes graves. Bassa, como Turull, está acusada de los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos.
Por su parte, la expresidenta del Parlament, Carme Fordadell, declaró que su obligación como presidenta de la Cámara catalana dar cauce a los debates planteados. Añadió que durante su mandato se limitó a cumplir con las previsiones reglamentarias, sin que tuviera por qué oponerse a la tramitación de las leyes presentadas para dar pasos hacia la independencia, porque cumplían los requisitos y fueron presentadas por los grupos parlamentarios “en tiempo y forma”. Dijo también que es “una persona absolutamente pacifista” y que “renunciaría” a sus convicciones si para alcanzarlas tuviera que ejercer algún tipo de violencia.
Forcadell declara que su tarea era dar cauce al debate y que las leyes soberanistas debían tramitarse