La Fiscalía pide otra vez cárcel por terrorismo para la activista de los CDR
La Fiscalía ha decidido no dar su brazo a torcer en el debate sobre la naturaleza sobre el alcance penal de los hechos cometidos por los miembros de los Comitès de Defensa de la República (CDR), que estima constitutivos del delito de terrorismo, y ayer presentó un recurso contra la puesta en libertad de la activista Tamara Carrasco. Más aún, lo que se plantea en el recurso es que los hechos atribuidos a Carrasco pueden implicar no sólo un delito de terrorismo, sino también otro de rebelión, compatible o alternativo con el anterior. Todo ello sobre la base del artículo 573 del Código Penal, que prevé y sanciona un amplio abanico de conductas cuando persiguieran, entre otras posibles finalidades, “subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”. Y también cuando persiguieran “alterar gravemente la paz pública”.
El criterio de la Fiscalía contrasta de forma radical con el sostenido por el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, quien el pasado día 12 puso en libertad a Carrasco, presunta coordinadora de los CDR, si bien con medidas cautelares, considerando que los hechos que se le imputan serían constitutivos de un delito de desórdenes públicos, obviamente de una gravedad mucho menor al delito de terrorismo o al de rebelión. La Fiscalía General del Estado y la de la Audiencia Nacional estiman, en cambio, que la actividad de los CDR no se limita a la organización de actos de protesta o de alteración del orden público, sino que debe enmarcarse en un contexto más amplio, como parte de una estrategia política que persigue cuestionar por medios ilícitos las bases del sistema institucional, con acciones que atentan contra las bases mismas de la convivencia. De ahí que el recurso no plantee sólo la posible existencia de un delito de terrorismo, sino también el de rebelión.
A la vista de la discrepancia radical con el juez De Egea, la Fiscalía va a llevar directamente el asunto ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional, mediante un recurso de apelación. En él se pide que se modifique la situación personal de Tamara Carrasco y se acuerde su prisión provisional. Esta petición ya fue formulada ante el mencionado magistrado, que impuso en cambio a la imputada la prohibición de abandonar su municipio de residencia, salvo por motivos de trabajo y con la correspondiente autorización.