El Gobierno pide al secesionismo que deje lo imposible y vuelva a la realidad
El Ejecutivo recurrirá la reforma de la ley de Presidència si el Parlament la tramita
El Gobierno no oculta su satisfacción por la admisión a trámite, por unanimidad, de su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la propuesta de investidura a distancia de Carles Puigdemont. El Ejecutivo dudó mucho en presentar ese recurso –informado inicialmente en contra por el Consejo de Estado– por el peligro que corría de que no fuera aceptado a diferencia de lo que había ocurrido con todas sus apelaciones al Constitucional.
A ello se suma el informe del Consell de Garanties emitido el jueves, que cuestiona en la forma y en el fondo, también por unanimidad, los preceptos que Junts per Catalunya quiere modificar en la ley de Presidència. Una modificación que también fue cuestionada en su día por los letrados del Parlament, precisamente por incluir la investidura telemática. El Gobierno utilizará ambos informes para recurrir la ley en cuanto sea aprobada, previsiblemente en la sesión plenaria del Parlament de la próxima semana prevista apara el 3 y 4 de mayo.
Así lo anunció el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Gobierno “recurrirá cualquier fraude de ley” advirtió para, a renglón seguido subrayar que los partidos independentistas deberían aprender la lección de lo que ha ocurrido hasta ahora. Nada de lo que han querido hacer lo han podido hacer, porque el Estado de derecho no se lo ha permitido. Por ello les invitó a “dejar de seguir buscando soluciones imposibles”, que es lo que han hecho durante estos seis meses en los que lleva en vigor la intervención de la Generalitat, y elegir un president “de todos los catalanes, con el que se pueda dialogar dentro de la ley”. El Gobierno pide a los independentistas que “vuelvan a la realidad y busquen una solución que nos devuelva a la normalidad”.
Es la única salida, a juicio del Ejecutivo, porque el Tribunal Constitucional, con la admisión a trámite del recurso del Gobierno, “cierra las puertas de forma definitiva a que pueda ser investido un huido de la justicia de un Estado al que representa”. Queda claro, advierten en la Moncloa, que un president “debe estar en su despacho, debe poder someterse al control parlamentario, tiene que gestionar, tiene que hacer inauguraciones”. “Nada de eso se puede hacer a 3.000 kilómetros de distancia”. Pensar lo contrario “es de ciencia ficción”.
Al Gobierno le interesa que Catalunya tenga un nuevo Govern, lo que significaría el final de la aplicación del artículo 155 que precisamente ayer cumplía seis meses de vigencia. Pero también supondría algo en lo que Mariano Rajoy está poniendo mucho énfasis en los últimos días, el diálogo. “Al Gobierno le gustaría que hubiera un presidente de todos los catalanes y que se pudiera dialogar dentro de la ley”, repitió Méndez de Vigo hasta en cinco ocasiones.
Mariano Rajoy está dispuesto a hablar “con todos” y “de todo”, con un único límite, que ese diálogo está dentro de la ley. El Gobierno, en ese sentido, subrayó el portavoz, “es garante de estabilidad”, como lo ha demostrado con el artículo 155, pero también “garante del diálogo, caso de que sea investido un candidato con todos los requisitos”.
Y es que el Ejecutivo tiene muchas cosas de las que hablar con el president de la Generalitat. Por
Méndez de Vigo recuerda que la vía de la normalidad permitirá el diálogo sobre todo dentro de la ley
ejemplo, de financiación autonómica. “Sería bueno contar con un interlocutor para hablar de financiación”, dijo. Es más, el Gobierno está deseando que un representante de un nuevo Govern pueda sentarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que tendrá lugar el mes de mayo, y que no ocurra como en enero del 2017, cuando se convocó la conferencia de presidentes y Puigdemont “dejó su silla vacía”. Eso, subrayó, “no es bueno”, porque “Catalunya, por su peso, debe estar presente”.
Ese diálogo no estaría limitado a asuntos económicos, según el ministro portavoz, sino que estaría dispuesto a implicarse en “un diálogo sin fecha de caducidad y dentro de la ley”. Un diálogo, insistió, que “sobre todo beneficie a los catalanes”.