Cinco informes de Hacienda no detectan malversación
oeEl ministerio remitió al juez los datos de la Intervención de la Generalitat sobre el dinero público para el 1-O oeMontoro realizó más de veinte requerimientos al Govern sobre gastos sospechosos
El mercurial choque entre Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública, y Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa contra Carles Puigdemont y los líderes independentistas por el referéndum celebrado el 1 de octubre, a cuenta de la posible existencia de desvíos de dinero público para financiar la logística y la organización de tal referéndum –malversación– se ha venido incubando desde que comenzó la actividad judicial en torno a este caso. Así se desprende de la amplísima documentación sobre la intervención de las cuentas de la Generalitat por el ministerio de Hacienda que ha analizado La Vanguardia.
El interés de los jueces y la Guardia Civil, durante la instrucción, por obtener indicios de que los dirigentes soberanistas habrían malversado recursos públicos ha sido una constante en las dos causas.
Tanto en la causa de la Sala Segunda del Supremo –contra la mayoría del anterior Govern de la Generalitat, encabezado por su president Puigdemont, y los líderes independentistas catalanes Jordi Sánchez (ANC), Jordi Cuixart (Ómnium) y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell –co- mo también desde el juzgado número 13 de Barcelona– en este caso, iniciado contra el exsenador Santiago Vidal y ampliado a todo el procés. Y se ha notado en los órganos públicos de las dos administraciones encargadas del control de los gastos públicos. Primero, sobre la Intervención de la Generalitat, y después sobre el Ministerio de Hacienda, quien por la vía de las medidas adoptadas a partir de noviembre del 2015 y especialmente desde el verano pasado ha venido controlando absolutamente las cuentas, la administración financiera y los pagos de la Generalitat.
Como resultado de esa fiscalización y de los requerimientos de los jueces, Hacienda ha remitido entre el pasado enero y este mismo mes de abril hasta cinco informes con las consiguientes explicaciones de la Intervención general de la Generalitat al juez de Barcelona, sin que se haya podido denunciar indicios concluyentes de malversación.
Estos documentos han acabado a su vez en la mesa del juez Llarena, quien utilizando las diligencias practicadas por la Guardia Civil acordó imputar malversación a Puigdemont y parte de su Govern, incluido su vicepresidente de Economia, Oriol Junqueras, por una cifra inicial de 1,6 millones de euros. La Benemérita, por su parte, también conoce esos informes por dirigir las pesquisas policiales en el juzgado barcelonés.
Los movimientos judiciales cerca de la administración catalana en pos de pruebas de la malversación arrancaron formalmente el 30 de octubre, cuando el magistrado del juzgado número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, requirió al departamento de Economia, cuyo más alto cargo del Govern tras la aplicación del 155 era ya su secretario, Pere Aragonés, toda la información disponible “sobre cualquier tipo de gasto (de la Generalitat) para la celebración del llamado referéndum del pasado 1 de octubre”. El 17 de noviembre, Economia respondió al requerimiento del juez que “a los directores de servicio no les consta que se haya realizado ningún tipo de gasto para la celebración del referéndum”.
La respuesta de la Intervención no gustó en el juzgado, y el magistrado que sustituyó temporalmente a Sunyer, entonces de baja por enfermedad, remitió una providencia al delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, con el requerimiento a Hacienda “a fin de que, en virtud de las potestades que le confiere la aplicación del artículo 155 (…) proceda a dar las órdenes oportunas para la exacta y puntual cumplimentación del citado ofi-
cio” en el que se pedían datos sobre “pago de informes previos a la celebración del referéndum”; “publicidad en los medios, pago por la creación de los diferentes eslóganes relacionados con el referéndum y pago de su difusión en los diferentes medios de TV, radio y prensa”; “material electoral, urnas, papeletas, gastos del envío del llamado censo electoral realizado al menos por Unipost”; “gastos relacionados con las diferentes webs creadas con el fin de difundir el referéndum y el coste de aquellos medios informáticos para la emisión y escrutinio de los votos”; “costes relacionados con el traslado y estancia de los diferentes observadores internacionales invitados para la verificación del referéndum”; “pago por los actos de apertura y clausura (mitings en el Tarraco Arena y la Fuente mágica de Montjuic)”.
Se trataba de los temas con los que arrancó la investigación de la Guardia Civil, dependiente del Ministerio del Interior, que dirige Juan Ignacio Zoido, y que prácticamente no variarían a lo largo de la instrucción pese a haber transcurrido ya más de seis meses. Una búsqueda de pruebas de gasto que, de momento, no han aparecido, a tenor de las declaraciones del ministro Montoro y de la ausencia de denuncias de su ministerio contra los exresponsables del Govern de la Generalitat.
Desde ese 30 de octubre hasta hoy, los requerimientos, informes, exigencias de ampliación o aclaración sobre los mismos asuntos han mantenido ocupados a decenas de funcionarios en Madrid y Barcelona, sin que, a efectos de la causa penal, se hayan producido avances reseñables. Aunque la tensión entre las partes sí que ha alcanzado cotas notables.
El momento cenital se registró a finales de enero. El testimonio imperecedero, una orden ministerial del día 29 de ese mes, inusualmente firmada por Cristóbal Montoro Romero, y además, en calidad de “titular del departamento de la vicepresidencia y de Economía y Hacienda P.S. (por sustitución) El ministro de Hacienda”, dirigida a la Interventora de la Generalitat y que se reproduce en estas páginas.
Se trata de un mandamiento duro hasta el extremo y en el que Montoro califica de “insatisfactoria e incompleta” la respuesta dada al segundo requerimiento del juzgado número 13 y le “ordena que proceda a la cumplimentación exacta y puntual”, advirtiéndole de que “deberá entregar la documentación que se detalla a continuación; incurriendo en caso de que la instrucción no fuera obedecida, en responsabilidad disciplinaria por infracción muy grave”.
La orden concluye exigiendo identificar “indicando nombre, apellidos, DNI y puesto de trabajo de todos y cada uno de los funcionarios, empleados públicos o autoridades de las diferentes consejerías de la Generalitat de Cataluña (sic), que sean responsables o conocedoras de la información que se demanda para que, en caso de no ser atendido exacta y puntualmente este requerimiento, se deriven o deduzcan a los mismos las oportunas responsabilidades de todo orden a que hubiera lugar en derecho”.
La respuesta de la Intervención de la Generalitat al ministro, dos días después cumpliendo con el escueto plazo impuesto, arrancaba con una didáctica explicación sobre los procedimientos de control implantados en la Generalitat y el papel de los interventores en el proceso, incorporando la escueta aseveración de que estos últimos tendrían que oponerse a un expediente de gasto si hubiera “irregularidades” y por ello, “cualquier gasto referido o que pudiera referirse al referéndum no se hubiera visado de conformidad. En el caso hipotético de haber algún gasto, éste constaría como tal en la contabilidad…”
Y, como en las ocasiones anteriores, la conclusión era que “en el sistema de contabilidad corporativa de la Generalitat no consta ningún expediente ni ningún pago efectuado que esté vinculado a la celebración del referéndum”. En un anexo figuraban los datos de 19 funcionarios responsables de la tramitación de los expedientes sobre los que se pedía información.
Entre julio del año pasado y el presente mes de abril, el Ministerio de Hacienda ha realizado una veintena larga de requerimientos de información a la Intervención de la Generalitat, media docena de los cuales siguiendo peticiones del juzgado número 13 de Barcelona, ninguna del juez Pablo Llarena.
Finalmente, en su auto de procesamiento del 21 de marzo, el magistrado del Supremo incluyó el delito de malversación y asumió íntegramente el informe de la Guardia Civil. De hecho, impuso a los encausados una fianza civil de 2,1 millones de euros (los 1,6 más un tercio que establece la legislación), a asumir solidariamente por Puigdemont, Junqueras, Jordi Turull (Presidència), Raül Romeva (Exteriors), Meritxell Borràs (Governació), Clara Ponsatí (Ensenyament), Antoni Comín (Salut), Joaquim Forn (Interior), Josep Rull (Territori), Lluís Puig (Cultura), Carles Mundó (Justícia), Dolors Bassa (Treball), Santi Vila (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).
En el informe de la Guardia Civil, sin embargo, no aparecen acreditados la mayoría de los gastos por supuesta malversación. De hecho, en los propios informes del cuerpo policial se asegura que más de la mitad de los 1,6 millones (980.000 euros) “tampoco constan como abonados los importes de las mismas”. También existen serias dudas sobre el abono de otras.
Pese a que el delito de malversación era secundario en la causa contra los dirigentes del 1-O, la decisión del alto tribunal del land de Schleswig-Holstein de rechazar el envío a España de Puigdemont por el delito de rebelión –el más relevante– ha revalorizado la importancia del de malversación, sobre el que los jueces alemanes también han expresado reservas. Así se ha situado en el centro del caso y se ha avanzado la idea de que por el delito de malversación agravado se podrían pedir contra Puigdemont hasta 12 años de prisión. Pero, antes son necesarias pruebas e importes muy relevantes.
CARTA DEL MINISTRO Montoro envió una orden a la Intervención como vicepresidente del Govern
PRESING SOBRE LA INTERVENCIÓN Hacienda ha remitido una veintena larga de requerimientos sobre pagos sospechosos