Sergi Tudela
Casi impotente, la Generalitat persigue a los furtivos en las zonas de la Costa Brava donde está prohibida la extracción
DIRECTOR GENERAL DE PESCA
La Generalitat ha establecido una pionera normativa de veda de 10 años para prohibir las capturas de coral rojo entre Begur y la costa francesa y así favorecer la recuperación de este recurso sobreexplotado. Lo pedían los científicos.
El día es soleado y las aguas están tranquilas cuando salimos del puerto de l’Escala; pero la vigilancia costera en la Costa Brava se ha llenado de nubarrones. Inspectores de Pesca de la Generalitat, en colaboración con agentes rurales y mossos, han reanudado la vigilancia de los furtivos que extraen coral en las zonas vedadas de la Costa Brava. Es una inspección sui generis. La Generalitat, que ha decretado una moratoria a la extracción de coral hasta el 2027, sólo puede impedir esta actividad entre Begur y la costa francesa (tanto en aguas interiores autonómicas como en aguas exteriores estatales colindantes). En cambio, al sur de Begur (aguas exteriores no colindantes), el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente permite explotar el coral. Esta desconexión crea una surrealista frontera marítima que va camino de impedir un control eficaz de los furtivos.
Es una situación kafkiana, consecuencia de la decisión del ministerio de conceder 12 licencias a coraleros para actuar entre Begur y Arenys de Mar, sin atender a los informes científicos y en contradicción con la moratoria de la Generalitat para sus aguas interiores. No se puede pescar coral al norte del cabo de Begur, pero sí al sur. Poner puertas al campo –en este caso, al mar– es la peor pesadilla para quienes quieren combatir la sobreexplotación de coral, documentada por el informe de los 14 científicos. “En estas condiciones, es casi imposible o difícilmente realizable el control sobre las zonas en las que está vedada la pesca de coral”, dice Sergi Tudela, director general de Pesca en funciones de la Generalitat.
Los efectivos de la Generalitat concentran la vigilancia en la frontera del cabo de Begur, un temido coladero. El primer riesgo es que los barcos de los coraleros –para aparentar un trabajo legal– se sitúen al sur de esta línea mientras los submarinistas actúan bajo el agua picando y extrayendo coral en el lado norte, en aguas de la Generalitat.
Pero hay más complicaciones. Cuando el coral llegue a tierra y desembarque en un puerto (Sant Feliu o l’Escala), los agentes que los intercepten no podrán saber de dónde procede, puesto que si el coralero tiene licencia puede alegar que lo ha extraído de la zona ministerial. En tierra, el coral rojo queda blanqueado. Para sobreponerse a tanta impotencia, la Generalitat está desarrollando una genoteca, un inventario de coral, para saber su origen con más precisión. Pero cada análisis cuesta 3.000 euros.
Controlar a los furtivos es complicado, dicen los agentes rurales. La persecución requiere unidades de inspección subacuática no siempre disponibles, rastrear la zona y sorprender al infractor in fraganti picando el coral. Pero los furtivos tienen másters en picaresca: dan señales al submarinista para que suelte el coral bajo el agua (en espera de recogerlo en momentos más propicios); esconden el material en el barco; y operan hasta tres submarinistas juntos (aunque tengan una sola licencia) con la excusa de que los otros prestan un soporte de seguridad, por si hay un accidente... Y ahora bucean de noche.
Técnicos de la Generalitat pronostican que, a poco que la Administración central decida vigilar la costa al sur de la línea de Begur (donde no rige la moratoria), “se verá obligada a cerrar esa zona a la extracción, ya que los corales en esta zona son de muy poca talla”.
La Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO establece que cuando más de un 25% del coral que se saca del mar tiene medidas ilegales (menos de 7 milímetros de diámetro de base), el Estado está obligado hacer un cierre preventivo de estas zonas sobreexplotadas.
El control de los furtivos causa quebraderos de cabeza a la Generalitat, por la reiteración de infracciones. De las 12 licencias para extraer coral dadas por el Ministerio, cuatro corresponden a personas que han sido sancionadas (expedientes en fase de recurso de alzada) mientras que una quinta está en un procedimiento penal. Por eso, Ecologistas en Acción ha pedido denegar las licencias. Sin embargo, el Ministerio replica que sólo se pueden rechazar las solicitudes cuando haya “una resolución firme de cualquier Administración pública” en los 24 meses anteriores a la solicitud de licencia. Mientras, los colectivos de profesionales de la conservación (Conservat.cat), ecologistas y clubs de inmersión apoyan la moratoria.
“Por el interés particular de diez personas no se puede poner en peligro un recurso que es un gran atractivo turístico para un turismo organizado por los centros de buceo”, reflexiona un agente rural oteando el horizonte. La desconexión es tan fuerte como ese frontón de rocas del cabo de Begur, cuyas paredes verticales esconden tesoros rojos que acabarán en Italia dejando aquí un reguero de daños y conflictos.
LA LÍNEA FRONTERIZA
El control es complejo: el Estado sí permite la actividad extractiva al sur del cabo de Begur
ESCAPATORIAS Y DESCONTROL Cinco de los doce coraleros autorizados por el ministerio habían sido sancionados antes