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El diario reflexiona sobre los seis meses de aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya y destaca los efectos contraproducentes para la comunidad. Asimismo, editorializa sobre el optimismo del Gobierno central en materia económica.
EL artículo 155 de la Constitución cumplió el viernes seis meses de aplicación en Catalunya, un hito que invita a reflexionar sobre los riegos de ciertas inercias políticas. El principal objetivo de tan excepcional –e inédita– medida era la convocatoria de elecciones al Parlament el 21 de diciembre y, al mismo tiempo, frustrar cualquier atisbo de implantación de la ilusoria República. Asimismo, la aplicación trataba de cerrar un periodo turbulento y cargado de crispación en Catalunya, no sólo en el Parlament –que vivió sus jornadas más negras– sino también en las calles –convulsas tras las cargas policiales de 1-O– y en el conjunto de la sociedad.
Paradójicamente, los partidos soberanistas hicieron de la derogación del artículo 155 uno de sus leitmotivs electorales. Recuperar el autogobierno era, lógicamente, el anhelo de muchos electores de los partidos soberanistas, ofendidos con lo que consideraban una injerencia del Gobierno de Mariano Rajoy. Han pasado ya seis meses y el Palau de la Generalitat permanece cerrado y vacío, sin que los partidos de la mayoría parlamentaria hayan demostrado coherencia con sus críticas al artículo 155. Si es tan negativo para los ciudadanos catalanes y sus instituciones, ¿por qué esta demora en la ineludible tarea de formar Govern? La persona de Carles Puigdemont no debería estar por encima de los intereses generales y es una lástima que no haya asimilado que su excelente resultado electoral no es un cheque en blanco para dirigir Catalunya desde Waterloo, Berlín o la ciudad a la que le lleve el azar.
La administración de Catalunya durante estos seis meses ha funcionado de manera ordenada y no se ha paralizado pese a las premoniciones soberanistas. Tampoco ha habido dimisiones en cadena de altos cargos y los ceses han sido limitados. El Gobierno español sostiene –y no hay razón para dudarlo– que el Senado derogará el artículo 155 tan pronto haya un Govern viable, efectivo y dispuesto a volver al marco del Estatut y la Constitución –tal como aconseja la comunidad internacional– en aras de crear condiciones favorables para el diálogo y atender las necesidades de la población catalana. La Generalitat no puede ser indefinidamente una gestoría administrativa.
Estos seis meses son una anomalía en la historia reciente de Catalunya. Desde los símbolos –las Creus de Sant Jordi o la no celebración del 23 de abril en el Palau– a los asuntos pendientes –pagas de funcionarios, planes universitarios, ayudas sociales–, desde los proyectos estancados a los que deberían estar en marcha, Catalunya vive al ralentí, más cerca que nunca de la parálisis si la mayoría soberanista prolonga su desacuerdo hasta el 22 de mayo, con la consiguiente convocatoria de elecciones para mediados de julio. Todo el mundo, con independencia de sus ideas, convendrá que la inercia política y administrativa de Catalunya tiene consecuencias negativas que, tarde o temprano, perjudicarán al conjunto de la sociedad.
La situación jurídica de Carles Puigdemont impide su investidura y es hora de que el realismo se imponga. La prolongación del artículo 155 es contraproducente y carece de sentido porque repetir las elecciones de diciembre del 2017 en julio del 2018 sería prolongar la inacción. Y el 155. A diferencia de la última campaña electoral, esta vez ningún partido podría cargar contra el artículo y sus maldades después de haber tenido en sus manos la derogación.