No hay pagos a Òmnium y ANC
El informe de la Guardia Civil atribuye a la asociación Òmnium Cultural la condición de “sociedad interpuesta” que realizaba encargos de material electoral y de publicidad relacionada con el referéndum del 1 de octubre “para ocultar que era la propia Generalitat la que sufragaba los gastos”, que cifraba en 61.879 euros y que el juez Llarena incluyó como dinero efectivamente malversado. El juzgado número 13 de Barcelona pidió información sobre pagos, ayudas y subvenciones entre 2015 y 2017 de la Generalitat a esa asociación y su expresidente, Jordi Cuixart. Hacienda requirió los datos el 15 de febrero a la Intervención. También de otras agrupaciones implicadas en la campaña del referéndum. Entre ellas, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y su expresidente Jordi Sánchez o la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y su entonces presidenta, Neus Lloveras.
La Intervención general informó el 20 de febrero a Hacienda que no constaban ningún tipo de pago ni subvención. Aunque, señalaba “no tener competencias para recabar la información (...) del resto de las 159 entidades del sector público no administrativo”.
Estas organizaciones han informado reiteradamente que no reciben subvenciones ni ayudas públicas y que autofinancian todas sus actividades.
La Guardia Civil también se interesó por el posible pago a Carles Viver Pi i Sunyer, exdirector del Institut d’Estudis de l’Autogovern, por informes vinculados al referéndum. Con respuesta igualmente negativa. Además, se le pidió a la Intervención información sobre un incremento de salario en el mes de julio del 2017, cuando cobró 9.538 euros en lugar de los 5.924 habituales. En este caso, el correspondiente informe, del 20 de febrero, aclaraba que la subida, puntual, correspondía a la recuperación de la parte de la paga extra que se había anulado a los funcionarios de la Generalitat en el 2012 y al 1% de aumento de salario aprobado en el 2017 por el Gobierno central.