Seis meses de preautonomía
El independentismo espera ahora que Puigdemont elija a un presidente de la Generalitat que seguirá sus instrucciones y que, probablemente, no será ungido de toda la autoridad. Algo que puede devaluar la institución de la Generalitat
Se han cumplido seis meses de intervención del autogobierno catalán. Casi nadie discute que Catalunya ha vuelto a la preautonomía. Pero parte de los catalanes prefiere conmemorar la proclamación de la república, incluido Carles Puigdemont, que lo ha celebrado con unas declaraciones en TV3 en las que ha tildado de “error” dejar en suspenso la primera declaración de independencia el día 10 de octubre. En realidad, nada habría cambiado seis meses después.
Cuando Mariano Rajoy se decidió a aplicar el artículo 155 de la Constitución, convocó enseguida elecciones para acortar al máximo su vigencia, aunque sectores políticos, económicos y de otros poderes del Estado le instaban a aprovechar la coyuntura para intervenir de manera prolongada y profunda la Generalitat y cambiar sus directrices políticas en la educación, los medios de comunicación públicos o las subvenciones. Si Rajoy rechazó esa vía fue por temor a que el Gobierno central no fuera capaz de controlar una administración ingente como la catalana desde Madrid. ¿Qué pasaría si los varios cientos de cargos de la Generalitat dimitían en bloque como pro- testa? Habría sido complicado reemplazarlos de manera provisional para mantener la gestión diaria. Finalmente, no fue así. Rajoy no tocó la educación ni otras materias sensibles, la mayoría de cargos designados por el Govern de Puigdemont se quedaron en sus puestos con el argumento de que así protegerían la institución (la Moncloa ha acabado cesando a 260 asesores y cargos de confianza) y los independentistas aceptaron presentarse a unas elecciones autonómicas.
Durante este tiempo, secretarios y directores de cada departamento suelen coger un AVE cada quince días para ir al ministerio correspondiente a despachar los asuntos cotidianos. Pero nadie toma decisiones. Los alcaldes están preocupados por la paralización de proyectos en sus poblaciones a solo un año de las elecciones y ya se ven yendo a Madrid a reclamar qué hay de lo suyo. Pero estas menudas inquietudes se compaginan mal con la épica de un presidente en el exilio que lucha contra un Estado al que señala como autoritario y vengativo. Puigdemont asegura que no puede permitir que sea la Moncloa la que le imponga los plazos, como si el tiempo les perteneciera a unos u a otros.
El expresident ha impuesto una liturgia para evidenciar que el Estado le impide ocupar el puesto que le han otorgado las urnas, pero llegado al punto actual ya sabe que ese recorrido no da más de sí. Deberá elegir a una persona que ocupe la presidencia, aunque sigue pensando en cómo hacerlo sin que parezca una claudicación ni adentrarse en la normalidad. Es muy probable que despoje de autoridad al nuevo presidente, ungido de forma provisional y sin la solemnidad que acompaña al cargo. Puigdemont quiere a alguien que le guarde la silla y siga sus instrucciones. Si en la próxima legislatura hubiera algún resquicio de diálogo con el Gobierno central (algo muy difícil), ese presidente no dispondría de autonomía para dirigir unas eventuales conversaciones.
Puigdemont considera que la anómala situación actual justifica su proceder, incluyendo un cierto cesarismo por el cual sólo él decidirá a su sustituto, sin necesidad de acordarlo con el partido, lo que ha provocado división en el PDECat. Es una posición más acorde con la vieja política que con los discursos sobre la democracia interna en los partidos. De igual forma, no parece preocuparle el riesgo de devaluar la institución de la Generalitat colocando a un títere a quien restará de auctoritas convirtiéndolo en un mero apoderado.
El relato independentista ha impuesto la tesis de que el autogobierno de la Generalitat era en realidad un espejismo. Es cierto que España no es un país tan descentralizado como pregonan algunos, puesto que no se trata sólo de disponer de competencias y capacidad de decisión sobre el gasto, sino también de control sobre los ingresos y de influencia en la legislación común. (Hay margen para discutir sobre el reparto de poder y los mecanismos de lealtad institucional mutua). Pero la Generalitat no es, desde luego, una gestoría, como pretende vender parte del independentismo. En septiembre se cumplieron 40 años del restablecimiento del autogobierno, un hito que costó muchos sacrificios. No hubo grandes fastos. El Govern preparaba el salto a la independencia. Hoy, no hay nada que celebrar.