Escribir sigue siendo llorar
Desde el año 2000, a propuesta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cada 26 de abril se celebra el día mundial de la Propiedad Intelectual. En España tal conmemoración pasa con nula gloria y mucho disimulo, tal vez porque somos un país acostumbrado a considerar que lo intelectual es irrelevante o tiene escaso valor. Para muchos no deja de ser una especie de excrecencia del cerebro, más o menos molesta, benigna o maligna, según los casos. Una verruga o tumor que crece de manera espontánea, por fortuna en un porcentaje poco elevado de la población. En cambio, el concepto de propiedad sí resulta sustancial y hasta los niños desde su más tierna infancia lo entienden y reclaman con insistencia lo que consideran suyo. Basta observar como repiten eso de “es mío” en sus juegos.
El derecho del ciudadano sobre un bien u otro objeto y la capacidad de disponer del mismo, tal y como suele definirse la propiedad, parece algo en lo que la inmensa mayoría está de acuerdo. De ahí que la protuberancia adjetiva intelectual se avenga mal con el sustantivo al que acompaña: propiedad.
De la propiedad intelectual dependen los derechos de autor, eso es, los derechos morales y patrimoniales que los creadores –escritores, traductores, músicos, cineastas, etcétera– tienen sobre sus obras. Unos derechos que son ignorados, despreciados e incluso robados de manera cotidiana, con la mayor desfachatez.
Como conozco mejor que ningún otro, por lo que me atañe, lo que ocurre con los derechos de autor de los escritores y el pillaje sistemático al que estamos sometidos, apuntaré una serie de datos, recogidos por la Coalición de Creadores, que por sí solos evidencian la magnitud del expolio: en el pasado año 2017 por cada libro vendido se piratearon tres y las descargas aumentaron un 9% más que en el 2016 a cargo, nada menos, que del 24% de los internautas. Así se contabilizaron 419 millones de accesos ilegales (un 12% más que en el 2016). El resultado se resume en 3.609 millones de euros estafados.
Naturalmente el problema del pirateo no afecta sólo a nuestro país, afecta al mundo entero y por eso en muchos estados de nuestro entorno, Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido, se han tomado medidas para erradicarlo. Incluso en países mucho más alejados como Corea del Sur, con unas ratios de población y un PIB similar al nuestro, se destinan muchos más esfuerzos que aquí a la lucha contra la piratería.
Por si ese latrocinio consentido e incluso justificado por algunos, con el reclamo de que la cultura debe ser gratis, no fuera suficiente, hay que añadir algo que tampoco ocurre en los países civilizados. Me refiero al hecho de que los escritores puedan seguir creando después de jubilarse, cobrando los derechos de autor sin tener que renunciar a la mitad de su pensión de jubilación. Parece que la Administración, que ha multado a una serie de autores por percibir entera su pensión de jubilación, a veces una pensión ridícula, y cobrar derechos de autor, se empecina en no entender hasta qué punto los derechos de autor deben tener un tratamiento distinto, cuanto más que setenta años después de la muerte del escritor pasarán a ser de dominio público, lo que no ocurre con ninguna otra propiedad.
Es de justicia que, tras la jubilación, los derechos de autor dejen de tributar como rendimientos del trabajo para pasar a hacerlo como rendimientos del capital, tal y como se consideran cuando dichos derechos son heredados por los descendientes del autor. Además se da el caso de que se puede percibir íntegra la pensión de jubilación y los alquileres de los pisos que uno tenga en propiedad. En cambio, la propiedad intelectual, la más íntima y personal, la que surge de la inversión del talento es valorada como un rendimiento del trabajo sometido al IRPF y cómo tal incompatible con recibir la pensión de jubilación en su totalidad. Los escritores desconocemos si nuestras obras tendrán éxito, si las ventas, a causa de la disminución de lectores y de los lectores piratas, serán efectivas, si el escaso diez por cien que nos corresponde del precio total del libro nos va a compensar de haber renunciado a la mitad de la pensión.
Los escritores al seguir publicando después de la jubilación no estamos usurpando un puesto de trabajo a nadie ya que nuestras obras, buenas, malas o regulares no pueden ser creadas por otros. No estamos impidiendo que otra persona joven ocupe el lugar que nosotros dejamos vacante. De ahí que el tratamiento de los derechos de autor y de la propiedad intelectual debería contar con un ordenamiento fiscal distinto, por ejemplo el mismo que se aplica a los miembros no ejecutivos de los consejos de administración de las sociedades que sí pueden cobrar sus pensiones íntegras, además de las percepciones económicas derivadas de su asistencia a tales consejos.
Larra diez meses antes de suicidarse advirtió en el artículo “Horas de invierno” (El Español, 25 de febrero de 1836): “Escribir en Madrid es llorar”. A menudo se ha citado la frase de Fígaro, de manera equivocada, sustituyendo Madrid por España. Sin embargo hoy más que nunca esta sustitución me parece certera, especialmente si pensamos en el desprecio que la administraciones gubernamentales muestran por los escritores a los que, por lo menos presuntamente, condenan a la miseria, al silencio y tal vez al suicidio.
El tratamiento de los derechos de autor y de la propiedad intelectual debería contar con un ordenamiento fiscal distinto