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El diario advierte del problema de los narcopisos del Raval y pide a todos los grupos políticos que resuelvan el conflicto. También comenta que sobre el Reglamento General de Protección de Datos urge más información, sensibilización y concienciación.
EL próximo 25 de mayo comenzará a aplicarse el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que sustituirá a la actual normativa, después de dos años de su entrada en vigor. Este plazo de tiempo debería haber sido suficiente para que empresas y organizaciones se hubieran adaptado a sus exigencias. Todo indica, sin embargo, que no ha sido así y que buena parte de las pequeñas y medianas empresas, así como la mayoría de autónomos, no han hecho los deberes. Hay estimaciones que indican que más de 1,2 millones de empresas españolas, 370.000 de ellas en Catalunya, no han adoptado todavía las medidas adecuadas.
La nueva normativa de protección de datos es una iniciativa europea diseñada para salvaguardar la información personal y profesional de ciudadanos, clientes y proveedores, ante la creciente expansión de la digitalización. El problema es que se trata de un reglamento farragoso, que se ha puesto en marcha sin las suficientes campañas de información y de concienciación, que requiere el asesoramiento de expertos para su implementación y que supone un coste extra para las empresas. El presupuesto de gasto en toda la UE se eleva a más de 140 millones de euros sólo este año.
Todo indica que el próximo 25 de mayo será un punto de salida a partir del cual las empresas empezarán a preocuparse para aplicar el RGPD y no un punto de llegada como inicialmente se pretendía. El problema no parece que sea exclusivo de España sino también del resto de países.
Lo preocupante, para las empresas y organizaciones, es que el RGPD establece una escala de importantes sanciones en caso de incumplimiento de la nueva normativa. Las multas, en el ámbito de protección de datos personales, pueden ser del 4% de la facturación o bien 20 millones de euros, al margen de las reclamaciones que puedan poner terceras personas afectadas. Las patronales y asociaciones empresariales deberían movilizarse para pedir una moratoria al Gobierno en la aplicación de sanciones a la vista de los problemas que comporta la adaptación a la RGPD.
Lo más grave es que las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, que son las que en general tampoco han adoptado medidas de protección informática, pueden verse inmersas en problemas muy serios en caso de sufrir algún tipo de ciberataque, una posibilidad que es cada vez más frecuente.
La necesidad de proteger la información propia, así como la de clientes y proveedores, junto con el cumplimiento de la normativa establecida en el RGPD, es evidente y urgente en la actual era digital. Las administraciones públicas y las instituciones privadas de interés social o empresarial deberían intensificar las correspondientes campañas de información, sensibilización y concienciación.