El turbio negocio de la vida de los políticos
El caso del vídeo de Cifuentes devuelve a la actualidad el tráfico de dossiers, los seguimientos y la venta de datos
En un país azotado por corrupciones de centenares de millones, la presidenta de la Comunidad de Madrid se va a casa por dos botes de crema facial que valen cuarenta euros. El detalle se impone al conjunto: eso pasa muchas veces. Pero cabe reflexionar en torno a la forma, el momento y quién difunde estas imágenes, lo cual nos permite asomarnos a los entresijos del turbio negocio del tráfico de informes y la venta de datos.
Partamos de la base de que Cristina Cifuentes no tenía salvación desde el momento en se supo que no ganó su máster. Pero quien le quita definitivamente la silla es un vídeo donde aparece robando unas cremas de belleza en un supermercado. Se trata de una actuación intolerable para un cargo público, pero es preciso hacerse una pregunta, porque las citadas imágenes fueron captadas en el año 2011. Así que la cuestión es: ¿quién las guardó y para qué? Este tipo de vídeos se borran a los días, de manera que alguien se hizo con estas imágenes, las metió en un cajón durante siete años y esperó el momento más oportuno para difundirlas.
Esta guerra sucia no es nueva, pero saca a la luz el oscuro negocio de los dossiers, siempre vinculados a casos de corrupción. Un dato: Cifuentes llevó a la Fiscalía el proyecto fallido de Campus de la Justicia en Madrid el 19 de abril, y el vídeo apareció el 25. ¿Casualidad?
En España, la pasión por las vergüenzas de los demás tuvo un primer momento álgido en la década de los noventa del pasado siglo, cuando se comentaba que dos empresarios poderosos acumulaban dossiers sobre todos con los que trataban. Será otra casualidad, pero en el momento en que se presentó la querella contra Mario Conde y se intervino Banesto comenzaron a filtrarse datos sobre el Cesid (hoy CNI) que causaron una crisis en los servicios de inteligencia españoles.
Esta pulsión no se ha detenido, más bien se ha incrementado con los años. La famosa conversación en La Camarga entre la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Vicky Álvarez, y Alicia Sánchez-Camacho se grabó en el 2010, pero no comenzó a circular hasta el 2012, cuando empezaba a hablarse del caso del 3% y de la imputación de Oriol Pujol Ferrusola por las ITV. Aún no está claro quién la distribuyó. Como no se pueden obviar las pala- bras de Jordi Pujol i Soley en una comisión del Parlament en septiembre del 2014: “Si se siega una rama del árbol, caen las demás”. Sonaban a advertencia.
En esos tiempos, a las redacciones llegaban sobres anónimos con informes sobre políticos con datos incontrastables. Y la psicosis, no desaparecida, sobre las intervenciones telefónicas llegó a tal nivel que en muchas reuniones, incluso oficiales, se guardaban los móviles ante el temor de que estuvieran infectados con programas que se activaban a distancia y grababan las conversaciones. Hasta la reunión entre el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifrau Daniel de Alfonso fue grabada y difundida en un episodio chusco no explicado del todo.
Durante la llamada operación Catalunya, que se ha definido como la guerra sucia de Interior para desactivar el soberanismo, apareció la figura del comisario José Manuel Villarejo, hoy en prisión por una trama corrupta, y al que se le han ocupado grabaciones que han llevado a la incautación de dinero en un jardín y de una pistola distraída en una redada contra ETA. Incluso un juzgado investiga si una unidad de los Mossos d’Esquadra siguió a los adversarios políticos de la independencia.
Aquí no hay colores. Es un circuito en el que están implicados políticos y empresarios con nulos escrúpulos, detectives de dudosa moralidad y funcionarios de seguridad corruptos, que acumulan seguimientos y grabaciones para ser vendidos en el momento más dañino. Un negocio turbio; un río negro y purulento que circula por debajo de los cimientos de la vida política y que desemboca en una guerra sucia en la que no se hacen prisioneros. Está claro que un cargo público no puede mangar en un supermercado, pero no se puede obviar que el camino para revelarlo no es edificante. Más bien da escalofríos.
Fernández Díaz, Villarejo, La Camarga, el caso Banesto, el Cesid..., en esta cuestión no hay colores políticos