Los notarios denuncian más de 5.000 delitos de blanqueo
La mayoría de las irregularidades son operaciones inmobiliarias
Evitar el pago de pisos en dinero b ,la constitución de sociedades con fines sospechosos para evadir al fisco o la donación de bienes entre familiares para evitar, también, el pago de impuestos son operaciones sobre las que los notarios han puesto la lupa. Los notarios han remitido al Sepblac, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, un total de 5.000 operaciones en los últimos doce años en las que han detectado indicios de delito de blanqueo de capitales. En concreto, el año pasado notificaron 544 actuaciones delictivas.
En la compra venta de viviendas, en la práctica, el notario tiene que dejar por escrito tanto cómo se paga la señal de la vivienda que se va a adquirir; así como el resto del importe: si se hace en efectivo, con cheque, a través de transferencia bancaria o dejar constancia de que se ha constituido una hipoteca. Pero aún así, en ocasiones perciben indicios de que se trata de operaciones extrañas porque, por ejemplo, “si se quiere pagar una vivienda de 4 millones de euros con una sociedad creada hace un par de meses con un capital de 3.000 euros, algo raro hay detrás de esa operación” aclaran fuentes notariales.
Tras la creación en el seno del Consejo General del Notariado del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), los notarios tienen la obligación de notificar los casos que intuyan que pueden tener delincuencia económica. Después, este organismo cruza datos y en caso de ver indicios suficientes los envía al Sepblac para que continue la investigación. Es más, los notarios están obligados a comprobar si el precio de venta de la vivienda corresponde con los precios medios que hay operativos en la comunidad autónoma porque si se percibe precios muy inferiores a los que hay en el mercado significa que fuera de la notaría se va a pagar una parte en b. Y si el precio de la vivienda es muy alto también se puede entender que existe alguna trampa económica detrás de la operación.
Una de las ventajas de los 2.800 notarios es que sus operaciones están parametrizadas y volcadas en el índice único informatizado notarial, que cuenta con 116 millones de documentos notariales. De hecho, esta base de datos es la segunda mayor que existe en España, tras la de la Agencia Tributaria.
El OCP ha atendido desde su constitución 160.000 solicitudes de información de las autoridades. En concreto, el año pasado dio respuesta a 20.000 peticiones. Las mismas fuentes del Consejo del Notariado explican a La Vanguardia que sólo pueden solicitar datos “jueces, fiscales y policía involucrados en la lucha contra el lavado de dinero negro”.
Para las operaciones empresariales, otra herramienta fundamental con la que cuentan los notarios es la base de datos de titular real. Creada en el año 2012, su misión es identificar quién se encuentra detrás de una sociedad, un dato decisivo en la lucha contra ese tipo de delitos en los que es habitual el uso de testaferros y sociedades pantalla. De hecho, en el caso de los papeles de Panamá salieron muchas sociedades de deportistas, políticos o empresarios constituidas para evadir el pago de impuestos en la agencia tributaria española.
En esa base de datos de los notarios están acreditados los titulares reales de más de dos millones de sociedades limitadas, 117.000 sociedades anónimas y 195.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos. En los últimos cinco años, jueces, autoridades policiales y sujetos obligados por ley, como entidades financieras, auditoras o aseguradoras, han solicitado cerca de 3,5 millones de informaciones sobre los titulares reales de cientos de miles de sociedades y organizaciones identificadas en esta base de datos. ¿El objetivo? Cruzar datos y encontrar operaciones societarias fraudulentas. Por último, los notarios cuentan con la base de datos de personas con responsabilidad pública, léase 25.000 políticos y altos funcionarios, así como sus allegados que trabajan para las distintas administraciones. De esa base de datos también se podrían detectar fraudes, pero toca ponerse a investigar.
Los notarios cuentan con una base de datos de 116 millones de documentos para contrastar cifras